24 noviembre, 2012

ANESCO apuesta por un modelo de estiba “más flexible, más eficiente y más barato”

Con cierta esperanza ante las novedades surgidas en torno al dictamen sobre la estiba pero con los pies en el suelo ante el definitivo devenir de los acontecimientos. Con este espíritu celebró ayer en Madrid su Asamblea General Anual la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), que quedó monopolizada por la consabida exigencia de la Comisión Europea de modificar el régimen de estiba español. Con respecto al mismo, al término de la Asamblea el presidente de ANESCO, Carlos Larrañaga, aseguró que debe ser “más flexible” y con “menores costes”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Larrañaga señaló que “en ANESCO creemos que el actual modelo de estiba en España, presidido por la bolsa de trabajo, donde cuando tienes faena contratas al personal y cuando no la tienes lo dejas a disposición de otras empresas, es correcto”.
Ahora bien, Larrañaga apuntó aspectos en los que se debe evolucionar: “¿Cuáles?”, se preguntó Larrañaga, quien a continuación añadió que el modelo “debe flexibilizarse” al tiempo que “hay que trabajar por la competitividad para tratar de rebajar costes. Hoy en día no nos podemos permitir, porque el mercado no lo permite, subir precios y por lo tanto subir costes. Además, en muchas empresas y puertos vemos bajadas de tráfico, con lo que tienes que repartir tus costes fijos entre menos unidades, con lo cual, no sólo no basta con no subir costes, sino que los tienes que rebajar”, dijo el presidente de ANESCO.

Unidad manipulada

“Por aquí es por donde creemos que debe ir la estiba. El modelo nos gusta pero se tiene que flexibilizar y se tiene que hacer más eficiente y más barato por unidad manipulada”, dijo Larrañaga, quien añadió que “eso sólo se consigue o bien siendo más barata la mano de obra o bien, con el mismo coste de la mano de obra, haciéndose más toneladas”.
El presidente de ANESCO fue interrogado por el modelo de estiba por el que apuesta la organización a raíz del dictamen de la Comisión Europea, que pone en duda el régimen jurídico de la estiba en España.
Sobre la valoración de la reunión mantenida el martes en Bruselas por este asunto, Carlos Larrañaga señaló al término de la Asamblea de ANESCO que “la posición de la organización ha quedado fielmente reflejadas en las informaciones publicadas el miércoles”, con un cierto optimismo ante la posibilidad abierta de presentar nuevas alegaciones.
Eso sí, Larrañaga hizo un ejercicio de realismo y se adhirió a la opinión de Javier Expósito, director general de ANESCO, para quien “la reunión no ha significado que cambie el dictamen. Fue positiva porque nos han escuchado y eso tiene un valor. Se abre una posibilidad, pero lo que va a pasar finalmente no lo sabemos”, señaló.

Argumentos jurídicos

Con respecto a los argumentos que la Comisión Técnica española puso sobre la mesa en Bruselas y permitieron que España presente nuevas alegaciones, Expósito destacó sobre todo los “argumentos jurídicos”.
“En el dictamen entran dos cuestiones a discusión: la libertad de establecimiento empresarial y la libertad de contratación. En torno a la primera se puso sobre la mesa que en España se han venido instalando en los puertos empresas como Maersk, MSC, Hutchison o Hanjin y sin ninguna dificultad, con lo que queda demostrado que no hay impedimento para el libre establecimiento empresarial”, dijo Expósito.
En cuanto a la libertad de contratación, el director general de ANESCO señaló que “es un tema sumamente complejo con enormes matices jurídicos”.

Servicio básico

“No debemos olvidar -señaló Javier Expósito- que nosotros somos un servicio básico de interés público, estamos regulados por una ley aprobada mayoritariamente por el Parlamento, prestamos un servicio universal y todo ello en puertos considerados de interés general. Por tanto, si esto lo confrontamos con el Tratado de la Unión, surgen importantes matices porque no somos servicios comerciales, que tienen otro tratamiento, nosotros somos un servicio básico de interés público, lo cual tiene que tomar la Comisión en consideración”.
Para ANESCO, “es un argumento de peso a la hora de que la Comisión lo contemple en el análisis del dictamen”, señaló Javier Expósito, quien detalló que la vía elegida por España de pedir una prórroga para presentar nuevas alegaciones lleva inevitablemente a que si la Comisión decide ir para adelante con el dictamen el siguiente paso sería la denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE.

Consenso

Con respecto a las citadas nuevas alegaciones y a cómo se van a articular, el presidente de ANESCO señaló que “lo lógico es que se recojan las opiniones jurídicas de cada parte”. Larrañaga afirmó que “en nuestra opinión no debe ser un consenso, sino que cada parte aporte sus argumentaciones jurídicas” aunque “luego Puertos del Estado puede ver si esas opiniones son coincidentes y agruparlas”, dijo el presidente de ANESCO.
“Nosotros vamos a hacer nuestras alegaciones jurídicas y cada parte aportará las suyas que son las que se van a contemplar”, concluyó al respecto.
Con relación al proceso y el mayor o menor convencimiento de Puertos del Estado en los trabajos que se están realizando, Cristóbal Valdes, presidente del Comité de Estibadoras de ANESCO señaló al término de la Asamblea que “lo positivo es haber seguido el camino que se ha seguido. El hecho de haber tenido una reunión en puertos del estado previa a ir a Bruselas y que hayamos ido juntos es muy positivo”.
Como valoración final en torno a la dimensión y a la trascendencia del conflicto, Carlos Larrañaga señaló que el sector lo que necesita es “estabilidad jurídica. La realidad que hemos venido viviendo con cambios constantes en la Ley y ahora un dictamen que pide que cambiemos pero tampoco tenemos claro en qué sentido es lo que realmente a nosotros nos parece indeseable. Necesitamos estabilidad”, concluyó.

Adelante con la negociación del Acuerdo Marco


El dictamen sobre la estiba ha representado una nueva china en el camino del diálogo social sectorial, muy dificultado desde las denuncias y sentencias contra el IV Acuerdo Marco para las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.
Las negociaciones de un nuevo convenio colectivo parecía que podían por fin tomar velocidad de crucero tras el pasado verano, pero la prioridad del dictamen europeo lo paralizó todo. Ahora bien, Carlos Larrañaga rechazó ayer que el nuevo acuerdo marco vaya a quedar en el aire hasta que no se resuelva el tema de dictamen. Según Larrañaga, “el dictamen no tiene por qué paralizar la negociación del acuerdo marco. Creemos que tenemos que sigue adelante con él”.
De hecho, según advirtió el presidente de ANESCO, “el IV Acuerdo Marco venció en julio de 2012 y la ultractividad termina en julio de 2013”, con lo que no sólo estamos hablando de la necesidad de un nuevo convenio colectivo por las denuncias y sentencias que acumula el vigente, sino porque dicha vigencia ya no es tal al haber expirado el plazo dado en su día y finalizar la ultractividad el próximo año.
“Estamos por un acuerdo marco y al igual que los sindicatos queremos tener un acuerdo marco”, reivindicó Larrañaga quien, dados los horizontes temporales comentados, aseguró que ANESCO desea tener listo el nuevo acuerdo marco “antes de julio de 2013”.
Según Larrañaga, “hay que seguir avanzando. Ciertamente hemos tenido por medio el dictamen y ha surgido una parálisis, pero como empresarios tenemos que seguir adelante con el día a día y negociar las condiciones, porque el mercado evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar y los clientes cada día son más exigentes”, precisó.
El IV Acuerdo Marco fue firmado por ANESCO y la patronal mayoritaria Coordinadora en julio de 2007.
Posteriormente la Dirección General de Trabajo y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) denunciaron el convenio y emitieron sendas sentencias en contra, lo que llevó a las partes a iniciar la negociación de un nuevo convenio.
La dificultad de definir los ámbitos, nudo gordiano de las sentencias, ha venido ralentizando en todo este tiempo la negociación.

España prevé presentar las nuevas alegaciones al dictamen antes de fin de año


Tal y como ayer adelantó diariodelpuerto.com, según fuentes del Organismo Público Puertos del Estado consultadas por Diario del Puerto, España ha decidido presentar formalmente ante la Comisión Europea nuevas alegaciones al dictamen sobre la estiba y hacerlo antes de que termine el año, no sin antes solicitar una prórroga del plazo que diera la Comisión (1 de diciembre) para solventar en la legislación portuaria la, a juicio de la CE, violación del principio de libre establecimiento empresarial.
De esta forma, Puertos del Estado confirmó ayer la decisión tomada en torno a las dos vías de actuación puestas sobre la mesa en la reunión que la Comisión Técnica española mantuvo el martes en Bruselas con representantes de la DG-TREN.
Por un lado, España va a pedir un aplazamiento del ultimátum dado por la Comisión, prórroga que no va a tener en su solicitud un plazo concreto, según fuentes del Organismo Público y que según fuentes de ANESCO podría estar en el entorno de los quince días. Durante la reunión del martes, los responsables de la Comisión habrían mostrado ya su predisposición a conceder dicha prórroga
El objetivo de la misma es dar tiempo para presentar nuevos argumentos a la Comisión Europea en defensa del "régimen jurídico vigente" en la estiba.
En este sentido y, por otro lado, España tiene previsto presentar esta nueva batería de alegaciones y hacerlo antes de que termine el año, incluso antes de las fiestas navideñas, según las fuentes consultadas.
Para ello, el Organismo Público Puertos del Estado ha solicitado ya formalmente tanto a la patronal ANESCO como a los sindicatos Coordinadora, UGT y Comisiones Obreras que presenten nuevas argumentaciones jurídicas “adicionales, complementarias y coherentes” en relación con los aspectos concretos que establece el dictamen sobre la estiba de la Comisión, argumentaciones que luego conformen el escrito que el Reino de España defenderá ante la Comisión Europea, siempre con el objetivo, se insiste desde OPPE, de defender la actual legislación en materia de estiba.