El V Congreso de SCAT y el Sector de Puertos.

Hoy se ha celebrado en la localidad de Hoznayo el V Congreso Ordinario de SCAT.
Las dos novedades fundamentales han surgido desde el entorno portuario. En primer lugar porque se integra en la ejecutiva del Sindicato por primera vez un Responsable del Sector Portuario, como consecuencia de nuestro crecimiento, y cuyo cargo desempeñará durante los próximos cuatro años Pedro García Landeras y en segundo lugar porque por primera vez en la organización se crea una Secretaría de Formación  para cuya responsabilidad y por idéntico período ha sido elegido José Loreto Castillo.

Esto supone el reconocimiento al trabajo y a la trayectoria de ambos, y ha sido posible gracias al apoyo y participación de los afiliados del Sector Portuario.

Mal Vamos

El Mayoritario Noqueado. Desconcertado y Sin Rumbo se encomienda a Anesco, (aunque no las tiene todas consigo), y a la palabra de la Ministra de Fomento. Así lo cuenta hoy Cadena de Suministro:

A la espera de conocer la decisión del Gobierno

Coordinadora descarta una posible convocatoria de paro o huelga en los puertos españoles

Desde el sindicato se recuerda el compromiso adquirido por la ministra de Fomento, Ana Pastor, de apoyar los ejes básicos del modelo de estiba español con el fin de garantizar la estabilidad del sistema portuario.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TSJE) contra el modelo español de estiba portuaria, Coordinadora, principal sindicato del sector, reconoce que en este momento no sabe exactamente cuáles  deben ser los cambios concretos de la Ley de Puertos en lo referente al modelo de estiba “pero debe quedar claro que lo primordial es garantizar el futuro de los estibadores españoles”.
Así lo ha afirmado Antolín Goya, coordinador general del sindicato, durante su encuentro este pasado jueves con la prensa en Madrid para explicar la postura de su organización y los pasos a seguir tras el varapalo del TSJE al sistema de estiba español. Goya asegura que Coordinadora y sus afiliados mantienen la calma y no se precipitarán en la toma de decisiones, descartando así una posible convocatoria de paro o huelga en los puertos españoles.
Sin embargo, el sindicato tienen muy claro que no renunciará en la futura negociación que se abrirá para adaptar el modelo actual a los requerimientos de la sentencia a sus tres premisas básicas. Primero, que el personal estibador esté claramente definido; en segundo lugar, que tenga una formación específica y de calidad y, desde luego, a que se garantice la estabilidad y futuro laboral de los estibadores.
Coordinadora es prudente en estos momentos y esperará a que Puertos del Estado haga un análisis detallado de la sentencia. Goya entiende que ahora la iniciativa a seguir corresponde al Gobierno que “debe presentar las propuestas para dar respuesta a la sentencia y garantizar nuestra profesión”, asegura.
En cualquier caso, el responsable no pasa por alto el compromiso adquirido por la ministra de Fomento, Ana Pastor, de apoyar los ejes básicos del modelo de estiba español con el fin de garantizar la estabilidad del sistema portuario y aumentar los tráficos y los clientes en los puertos españoles “como hemos logrado en los últimos años”, destaca Goya.
Negociar a partir de enero
Coordinadora espera que a partir de enero pueda sentarse con el Gobierno y todos los agentes implicados en este proceso para hacer un análisis conjunto de la sentencia y buscar soluciones consensuadas. “Queremos transmitir al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que estamos en disposición de mejorar el modelo actual con el fin de adaptarlo a la sentencia con los cambios pertinentes”.
Lo que más llama a la atención al sindicato es el desconocimiento profundo que muestra la propia sentencia sobre el actual modelo español de estiba al señalar que no es competitivo y que no posibilita las inversiones en los puertos. “Un desconocimiento total porque los puertos españoles son los que mayor competitividad han logrado en los últimos años de toda Europa y los que más inversiones han acumulado de operadores extranjeros”, incide Antolín Goya.
Esta falta de conocimiento lo achaca el responsable sindical a que el procedimiento contra el Estado Español no ha tenido audiencia pública “donde el abogado del Estado o las partes afectadas hubiéramos podido explicar mejor el modelo español de estiba”, señala.
De ahí, que Coordinadora no oculta su disgusto porque el Gobierno español aceptara desde el principio que el proceso tuviera este carácter “cerrado” a pesar de que su posición de defensa “haya sido consensuada con nosotros”.
Coordinadora tampoco quiere poner plazos concretos al Gobierno para resolver esta situación y asegura que “no nos vamos a poner en contra del Gobierno porque en sus prioridades no esté en los próximos meses la reforma del modelo de estiba de forma consensuada”, asegura Goya.
El sindicato entiende que la cercanía electoral es un impedimento para afrontar la negociación de este asunto pero recuerda que si España no acomete las modificaciones se puede enfrentar a un posible segunda denuncia por parte de Bruselas.
Reunión con Anesco 
Precisamente para ir allanando el terreno, Coordinadora también se ha reunido este jueves con responsables de patronal Anesco con el propósito de que expliquen algunas declaraciones de su actual presidente, Boris Wenzel, contra al modelo de estiba. Según Goya, en la negociación del IV Acuerdo Marco se pactó que si había que hacer cambios en la Ley de Puertos se consensuarían entre ambas partes “pero parece que el nuevo presidente no tiene muy claro este compromiso”.
Por ello, Coordinadora quiere saber si hay un cambio de actitud en la patronal de empresas estibadoras o es una posición exclusiva de su presidente que, además, también lo es de la empresa Noatum.

Primera actuación, primera contradición.

La Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra la Estiba, y las reacciones de las principales organizaciones sindicales, ha puesto sobre el tapete una evidente descoordinación entre lo que afirma defender según su propio comunicado el Sector Marítimo-Portuario de UGT, y lo que defiende el Frente Portuario en el que están integradas varias Secciones Sindicales de UGT en la estiba.

El comunicado de los primeros afirma: "desde el Sector Marítimo-Portuario de SMC-UGT nos reafirmamos en la defensa del actual sistema portuario de prestación de Servicio Portuario de Estiba y, consecuentemente, de sus trabajadores, haciendo oír este planteamiento en todos los foros en donde nos encontremos presentes."

Por el contrario:  "para el Frente Portuario (donde está integrado parte de UGT) sólo tienen un camino y ustedes lo saben, y no es el camino de los recursos ni de las modificaciones externas a las leyes españolas; es mucho mas sencillo: LA VUELTA A LA TITULARIDAD ESTATAL del Servicio Público de la Estiba Portuaria.  Esta sentencia solo tiene fuerza en la empresa privada, no en el ámbito del Estado."

Primeras reacciones a la Sentencia de Luxemburgo condenando al estado español y obligandole a modificar su modelo de Estiba.

Efectivamente, se van conociendo las primeras reacciones y comunicados respecto al particular. Las dos opiniones de  las que damos traslado han sido publicadas por REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS. No podemos evitar realizar el siguiente comentario:

Por muy ultraliberal incendiario que se sea, ha de mantenerse mayor equilibrio y mostrar menos emociones, filias y fobias si se trata de tener cierto prestigio en el mundo de la información. Cuando muestras demasiado tus deseos es fácil que te traicione la objetividad, pierdas rigor y por tanto faltes a la verdad y al principio de informar.

Lo decimos por el titular del artículo que firma el propio editor de este medio, en el cual se recoge una MENTIRA FLAGRANTE, al afirmar que "desde ayer a nadie se le puede obligar a contratar de una SAGEP". Hombre, si se refiere a Aerolíneas Federales o a Saldos Arias, estamos de acuerdo. En la Estiba, en España, y tanto en cuanto no se modifique la actual Ley, va a ser que no.

Por cierto, y en honor a la verdad y al rigor, nos gustaría que el citado editor nos dijera donde en el texto de la sentencia se encuentra la, -tan insistentemente anunciada por él y por su estibador de cabecera titulado en la Universidad de Finlándia-, clausula que iba a eliminar los requisitos y titulaciones exigibles para ser estibador en el Reino de España.

 Damos traslado, aquí, por tanto, de las opiniones de Anesco y de Coordinadora. En el fondo opinan lo mismo, con los lógicos matices diferenciadores de que unas las realizan empresarios y las otras sindicalistas. Ahora falta saber lo que opina la tercera pata del banco, o lo que es lo mismo, el amigo LLorca.

Además de estas reacciones, en otros medios de comunicación se pueden leer las que han realizado tanto CC.OO., como el Frente Portuario. Oye, que si no las reproducimos no es por nada en concreto, sólo por que hemos cambiado de siglo. Con las manifestaciones la primera de estas dos organizaciones estamos, no obstante, de acuerdo en algún aspecto, y es el la necesidad de eliminar de una vez por todas las indeseables referencias a la obligación de contratar personal de RLC en función de unos porcentajes de actividad. Algo que tenemos la impersión de que es inncecesario y que, además, no se cumple. Pero ahora a ver como se lo explicas a un burocrata que probablemente no conozca un puerto ni por google-maps.

Anesco cree que la sentencia lleva a la "reforma urgente", y a un diálogo para evitar dos modelos diferentes.

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), lanza el guante a Puertos del Estado y Coordinadora para una reforma que cree urgente del modelo, a un diálogo y a evitar que los nuevos operadores puedan operar sin Sageps.


La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) ha explicado en un comunicado de prensa que el cumplimiento del contenido de la Sentencia deberá impulsar la evolución de nuestro sistema portuario y mejorar la competitividad de la Economía Española.

El Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo ha dictaminado que la legislación laboral portuaria en España incumple con El Tratado de la Fundación de la Unión Europea.

En la Sentencia El Tribunal declara que “el Reino de España ha incumplido las obligaciones del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación  de inscribirse en una SAGEP y en su caso de participar en el capital de esta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dichas S.A., y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado.”

En una primera reacción de ANESCO – “Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques”, se considera  que no es una buena noticia que el Tribunal declare que la legislación española entre en conflicto con la normativa comunitaria. El cumplimiento de la sentencia deberá armonizar el Sistema Portuario Español con la normativa de la Unión Europea, una oportunidad de armonizar  las condiciones ya existentes en otros puertos Europeos.

ANESCO cree que la publicación de la Sentencia lleva a todos los agentes sociales y administraciones públicas a acordar la reforma urgente de la normativa sectorial a fin de potenciar la competitividad de nuestros puertos y dinamizar la economía española en su conjunto.

Una invitación al diálogo con el objetivo de la implementación de la sentencia
De acuerdo con ANESCO la sentencia de la UE debe ser entendida como una invitación a todos los grupos de interés para incorporarse a un diálogo serio en relación a las medidas de la reforma.

La sentencia debe impulsar la evolución del modelo portuario en colaboración con el Gobierno, los sindicatos y la Comisión Europea.

Por ello ANESCO considera  imprescindible iniciar desde  ya un diálogo con el Gobierno y los interlocutores sociales para hacer frente a esta nueva situación y conjuntamente encontrar las mejores soluciones que cumplan los requisitos definidos por Europa, y que a la vez facilite la evolución de nuestro sistema portuario  como uno de los puntales de la recuperación económica de nuestro país, considerando que las posibles modificaciones legales en ningún caso pueden crear dos marcos legislativos en el que cohabiten dos condiciones diferentes para los actuales y nuevos operadores.


 Coordinadora considera una "agresión inaceptable" la sentencia de la estiba.

Pretende convertir contratos fijos en temporales.

El sindicato de estibadores insta al Ministerio de Fomento a que agote los recursos legalmente procedentes en la defensa del modelo portuario español
  
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada con fecha de 11 de diciembre de 2014, adolece de defectos esenciales y, por ello, Coordinadora solicitará al Ministerio de Fomento que agote los recursos legalmente procedentes en la defensa del modelo portuario español.

Entre otras alegaciones, para fallar en contra de España, el Tribunal expone que para garantizar los legítimos derechos de la legislación española, entre ellos la protección de los derechos de los trabajadores y la garantía de servicio público en los puertos, hay modos alternativos a las Sagep, que, por otro lado, tan buen resultado para la maltrecha economía española están dando.

El TJUE propone, entre esos modos alternativos, que sean las propias empresas estibadoras las que gestionen las “oficinas de empleo”, que han de suministrar la mano de obra y organizar la formación de los trabajadores, o que se cree una “reserva de trabajadores” gestionada por empresas privadas, como agencias de trabajo temporal. Es precisamente en estas propuestas  donde se observa un criterio político que rompe el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores portuarios y hace afirmar a la más representativa organización de estibadores portuarios, Coordinadora, que la sentencia tiene errores esenciales; pues pasa por alto cuestiones tan determinantes como que: las Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios son empresas privadas gestionadas directamente por las propias empresas estibadoras; que los trabajadores portuarios tienen un contrato de trabajo fijo con la Sagep de cada puerto y que los socios de la Sagep, que son las empresas estibadoras, utilizan el personal contratado por la misma para la realización de su propia actividad, ocupando -sin imposición alguna por parte de la ley, al contrario de lo que expone la sentencia- el  número de trabajadores y la cualificación profesional que precisan para cada actividad.

Así, Coordinadora considera que la sentencia constituye una agresión inaceptable contra la estabilidad en el empleo de los estibadores portuarios españoles, al pretender convertir los contratos indefinidos con el conjunto de las empresas agrupadas en las Sagep de cada puerto en desempleados gestionados por empresas de trabajo temporal. Esa misma pretensión dio origen a un periodo de enorme incertidumbre empresarial y conflictividad laboral, que desestabilizó durante años el sistema portuario español.

Coordinadora, procederá a convocar a su organización internacional (IDC) para dar una respuesta en el ámbito europeo a la actuación de la Comisión que, a través del mismo método, pretende modificar el régimen de la estiba en Bélgica y Alemania.
Del mismo modo, solicitará la apertura de una mesa de análisis con el Ministerio de Fomento y con la patronal Anesco, a fin de buscar fórmulas que estabilicen el sistema portuario, con garantía de estabilidad en el empleo.

El próximo día 17 de diciembre la organización de trabajadores ha convocado una reunión con los representantes de los puertos de todas las zonas de España para definir acciones orientadas a la defensa de los empleos y de las condiciones de trabajo del sector.

La justicia europea falla en contra de la estiba española

Según el TJUE, España “no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas” y ha indicado que existen medidas “menos restrictivas e idóneas” para garantizar el empleo y el servicio público de manipulación de las mercancías.

Sentencia del 11 de diciembre del TJUE sobre el modelo de estiba en España se puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, de 11 páginas, 348 Kb).

Este jueves 11 de diciembre, tal y como se preveía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado contra el sistema de estiba español y ha dado la razón a la Comisión Europea al considerar que las barreras impuestas por la legislación española vulneran el principio de libertad de establecimiento, recogida en el tratado fundacional de la UE.
En concreto, según el TJUE, las obligaciones que impone la normativa española pueden “impedir a las empresas estibadoras extranjeras establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías”.
Así, se falla a favor de la demanda presentada en noviembre de 2013 por la CE que apuntaba a la exclusividad que tienen los estibadores de la Sagep a la hora de realizar la carga y descarga de contenedores, no permitiéndose contratar personal externo a la sociedad, ni de forma permanente ni temporal.
A este hecho se le une, además, la obligatoriedad para las empresas estibadoras de pertenecer, accionarialmente, a la Sagep, condiciones que desde la CE se consideraron como posibles barreras para entrar en el mercado español.
España admitió durante el procedimiento judicial que esta normativa restringe la libertad de establecimiento, pero la justificó por dos motivos. Por un lado, alegó que el servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio. Por el otro, dicha restricción es necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, que constituye una razón imperiosa de interés general, según las autoridades españolas.
Sin embargo, el Tribunal europeo ha rechazado estos argumentos y ha considerado que “la restricción a la libertad de establecimiento, que resulta del régimen portuario español, constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada”.
“España no ha demostrado que las medidas adoptadas sean necesarias ni proporcionadas en relación con los objetivos perseguidos”, señala el fallo. Para el TJUE, “existen medidas menos restrictivas e idóneas para conseguir un resultado similar y para garantizar tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio de manipulación de las mercancías como la protección de los trabajadores”.
“Modernizar el sistema laboral”
Ante esta situación, en noviembre, ya la ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a abrir un análisis profundo y pormenorizado del sector para que la adaptación a las directrices que se han marcado desde el Tribunal de Luxemburgo se realicen de manera conjunta, entre todos los actores de la industria.
De este diálogo formarán parte los propios estibadores españoles, que también anunciaron una reunión con sus homólogos europeos para estudiar y cuestionar la estrategia de la UE a este respecto. En este sentido, durante la reunión de IDC Europa a finales de noviembre, los asistentes manifestaron su malestar por la actuación europea al considerar que su objetivo “claro” es “la desregulación del sector y la precarización de las condiciones de trabajo en los puertos”.
También, en más de una ocasión, se ha mostrado el malestar contra el Gobierno de España y, directamente, contra el presidente de Puertos del Estado, por los constantes mensajes contradictorios durante todo el proceso seguido por el Dictamen Motivado de la UE al sistema portuario español y la tramitación del mismo, especialmente la renuncia a las alegaciones orales ante el Tribunal de Luxemburgo.
En concreto, y según declaró el Frente Portuario, el máximo responsable de Puertos del Estado ha realizado “constantes e innumerables declaraciones y posicionamientos” que han ido “contra el Reino de España sobre la libertad de establecimiento, concretamente, sobre la regulación de la contratación de los estibadores”.
En cuanto a los terminalistas, que preveían este resultado en la contienda entre España y la CE, han expresado recientemente su deseo de “modernizar el sistema laboral para que se adapte a una economía global“. Así, desde Anesco se señalaba que esta será una oportunidad para “trabajar conjuntamente con el Gobierno y, a través del diálogo social, llegar a una transición que permita cumplir con la ley sin mucha demora“.

Publicado por Cadena de Suministro