El dictamen de la Comisión Europea acerca de las
SAGEP en España emitido el pasado jueves ha pillado con el pie cambiado
al sector de la estiba en España. Si bien todos los implicados se han
apresurado a pedir paciencia para analizar más en profundidad el
requerimiento del organismo europeo, lo que no se puede negar es que
durante los próximos dos meses Puertos del Estado, empresarios y
sindicatos van a tener que trabajar para aunar dos posturas que parecen
lejanas. Por un lado, seguir la legislación europea; por otro, mantener
una Ley de Puertos prácticamente nueva.
El primero en mover ficha ha sido el presidente de
Puertos del Estado. José Llorca, en declaraciones a esta publicación,
mostraba prudencia a la hora de pronunciarse. “Aún no conocemos el
requerimiento exacto y preferiría no valorar su contenido hasta que no
lo conozca. Lo que sí puedo adelantar es que ya hemos iniciado contactos
con el sector para empezar a trabajar en la respuesta que debemos dar.
Vamos a hablar con empresas y sindicatos para valorar de forma conjunta
lo que representa este dictamen”. El presidente de OPPE reconoció que
hubo contactos con empresarios y sindicatos en la inuaguración de la
nueva terminal del puerto de Barcelona, y concretó que “en los próximos
días vamos a sentarnos todos para lograr tener una misma voz” de cara a
la Comisión Europea.
Preguntado por si sería necesario cambiar la actual legislación, pactada
por los dos principales partidos políticos del Estado Español y
consensudada con empresarios y sindicatos de la estiba, Llorca no quiso
adelantar acontecimientos. Sí reconoció que “tenemos que seguir la
legislación europea” y que queda claro que la política europeo en este
tema es que “no gustan los ‘pools’ únicos”. En lo que sí incidió José
Llorca es que “debemos contar con el consenso y refrendo de empresarios y
sindicatos, ya que son ellos los que sustentan los pools en estos
momentos”, y recordó que la eficiencia y la competitividad del sistema
portuario español “dependen del sector privado”.
La intención de empresas y sindicatos también es la de mantener la misma
postura frente a Europa. Varias fuentes del sector consultadas por esta
publicación coinciden en señalar que cambiar una ley que ha contado con
el consenso de los dos principales partidos políticos del país, y que
han refrendado empresarios y sindicatos tras un largo y duro período de
negociación, “sería un error”. Estas mismas fuentes recuerdan que el
sistema de ‘pools’ con el que cuenta España es muy similar a los que hay
en la mayoría de los países europeos, con lo que no se entiende ese
requerimiento únicamente para España. Todas las fuentes consultadas
alaban la estabilidad del marco legal portuario español de la
actualidad, y muestran su confianza en que no haya que cambiar la actual
ley “si contamos con una postura unitaria”.
Estas mismas fuentes recuerdan que en el sistema portuario español no
hay monopolios. “Todo aquel que quiere prestar servicio de estiba en un
puerto español necesita de la licencia y permiso de la Autoridad
Portuaria, hay cientos de empresas que prestan servicios de estiba,
incluso hay inversores y grupos extranjeros, con lo que el argumento de
la Comisión Europea no tiene validez”.
El coordinador general de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín
Goya, se mostró algo perplejo por el dictamen. “No tiene mucho sentido
cuando en toda Europa hay implantado un modelo muy parecido al español, y
más cuando hace unos días estuvimos en Bruselas apostando por el
diálogo social y no recibimos ninguna señal al respecto”. En parecidos
térmicos se pronunciaba José Antonio Olaizola, responsable del sector de
estiba de UGT: “En España no se comete ninguna ilegalidad, nuestro
sistema portuario es bueno y competitivo, funciona bien, ¿para qué
cambiarlo? Habría que cambiar entonces la mayoría de los sistemas
portuarios de Europa”.
Lo que sí temen los sindicatos es que el requerimiento de la Comisión
Europea sea un primer paso para sustituir a los estibadores por otros
trabajadores, algo a lo que se oponen frontalmente. “Eso es una
barbaridad, es lo que están implantando en los puertos portugueses”,
afirman fuentes sindicales.
