Madrid, 15 de marzo
de 2012
El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó en
la tarde de ayer la
Ley de Medidas Fiscales y Financieras que acompaña al presupuesto de la
Generalitat con los votos favorables de CiU y Joan Laporta y la abstención del
PPC. El resto de grupos votaron en contra.
Esta ley fija una tasa de 1 € por receta
dispensada, con diversas exenciones en relación con el nivel de renta
(perceptores de una pensión no contributiva y beneficiarios del Programa de la
renta mínima de inserción), el precio del medicamento inferior a 1,67 euros y
el número de recetas (a partir de la receta número 62, en el período de un
año).
Desde la Plataforma en Defensa del Estado de
Bienestar y de los Servicios Públicos queremos señalar que:
1)
El establecimiento de "repagos" y/o
"copagos", tasas o tickets moderadores sobre la prestación
farmacéutica supera las competencias del parlamento de Cataluña, en tanto en
cuanto se trata de una competencia exclusiva del Gobierno, tal y como lo
establecen la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento, la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el RD 1030/2006 por el
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
y la Ley de Seguridad Social, en la medida en que se trata de una prestación
farmacéutica de la Seguridad Social.
El establecimiento de "repagos" y/o
"copagos", tasas o tickets moderadores sobre la prestación
farmacéutica supera las competencias del parlamento de Cataluña, en tanto en
cuanto se trata de una competencia exclusiva del Gobierno, tal y como lo
establecen la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento, la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el RD 1030/2006 por el
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
y la Ley de Seguridad Social, en la medida en que se trata de una prestación
farmacéutica de la Seguridad Social.
2)
Los
"repagos" y/o "copagos" suponen una agresión sobre los
grupos de población que tienen mayores necesidades de atención sanitaria (los
más enfermos) y una peor situación económica (los más pobres), que en un
momento de crisis como la actual verán muy dificultado su acceso a los tratamientos
necesarios con un efecto muy negativo sobre su salud. Además, en este caso, se
rompe el principio de equidad.
3)
Este
acuerdo no hubiera sido posible sin el apoyo del PP catalán, lo que unido a las
declaraciones de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato renunciando a pronunciarse sobre el tema, diciendo que no es competencia
suya, evidencia que el Gobierno esta pensando en su futura implantacion
generalizada en toda España.
La Plataforma en
Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos rechazamos esta
medida y entendemos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y el Gobierno de España tienen que presentar un recurso de inconstitucionalidad
contra esta Ley y paralizar su ejecución porque invade competencias del Estado
y pone en grave peligro a la salud de un sector muy importante de la población.
