Fuentes del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) han
confirmado a Diario del Puerto que desde la Administración española ya
se está empezando a trabajar con el escenario de lo que está previsto
que sea una inminente remisión por parte de la Comisión Europea al
Tribunal de Justicia de Luxemburgo del dictamen de la estiba.
Tras las últimas alegaciones remitidas a finales de 2012 y tras
prácticamente seis meses de análisis por parte de la Comisión Europea,
fuentes de Puertos del Estado han confirmado que la información que
viene de Europa es que finalmente la CE va a proceder a continuar con el
proceso y a denunciar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en Luxemburgo, al no haber atendido a las peticiones
de modificación de la legislación recogidas en el dictamen relativo al
régimen de la estiba portuaria en España.
Según fuentes próximas al proceso también consultadas por este Diario, el anuncio de la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo puede producirse en los próximos días o a más tardar a primeros de julio.
Una vez recibida la denuncia en Luxemburgo el procedimiento judicial será, como suele ser habitual, largo. En todo caso, como han venido señalando diversas fuentes muy próximas al proceso en los últimos meses, la decisión de la Comisión de llevar la denuncia ante el Tribunal Superior encierra una seguridad muy alta de que la sentencia será favorable a sus postulados. De esta forma, se da por seguro que la denuncia deberá abrir un debate a nivel portuario para comenzar a definir una reforma consensuada que permita adaptar el régimen de estiba español a las exigencia del Tratado de la Unión Europea.
Según fuentes próximas al proceso también consultadas por este Diario, el anuncio de la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo puede producirse en los próximos días o a más tardar a primeros de julio.
Una vez recibida la denuncia en Luxemburgo el procedimiento judicial será, como suele ser habitual, largo. En todo caso, como han venido señalando diversas fuentes muy próximas al proceso en los últimos meses, la decisión de la Comisión de llevar la denuncia ante el Tribunal Superior encierra una seguridad muy alta de que la sentencia será favorable a sus postulados. De esta forma, se da por seguro que la denuncia deberá abrir un debate a nivel portuario para comenzar a definir una reforma consensuada que permita adaptar el régimen de estiba español a las exigencia del Tratado de la Unión Europea.
Encrucijada
Como recordarán, la Unión Europea situó a la estiba española en una encrucijada sin precedentes con el dictamen motivado que el pasado 27 de septiembre la Comisión Europea remitió al Reino de España. Originado en una denuncia anónima de fecha 9 de octubre de 2009, el dictamen cuestionaba todos y cada uno de los pilares básicos de la estiba española, tanto en lo relativo a la organización del trabajo como a la estructuración de sus prestatarios.
La Comisión considera que la legislación portuaria española viola el principio de libre establecimiento empresarial recogido en el Tratado de la Unión por dos cuestiones fundamentales: por obligar a toda empresa estibadora que quiera prestar sus servicios en un puerto a formar parte de la sociedad de estiba correspondiente (SAGEP) con el desembolso de capital pertinente; y por obligar a toda empresa estibadora a contratar trabajadores de dicha SAGEP de forma preferente.
Con fecha de entrada 1 de octubre, el dictamen daba a las autoridades españolas “dos meses para adoptar las medidas necesarias para ajustarse” al mismo, es decir, hasta el 1 de diciembre, lo que de no producirse implicaría la denuncia subsiguiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El dictamen estaba a juicio de José Llorca, presidente de Puertos del Estado “tremendamente fundamentado”, si bien desde la Administración se puso de manifiesto que España no podía permitirse ahora abrir de repente el melón del cambio legislativo y provocar nuevas vías de conflictividad social, por lo que OPPE dejó en manos de los interlocutores sociales la decisión de esperar a la denuncia y a la sentencia del Tribunal o de ir a Bruselas a conocer los detalles del dictamen.
Finalmente, patronal y sindicatos apostaron por ir a Bruselas y junto a OPPE constituyeron una Comisión Técnica para conocer de primera mano las objeciones que la Unión Europea ponía a la actual legislación portuaria española.
La Comisión, integrada por OPPE, ANESCO y los sindicatos Coordinadora, UGT y CC.OO., se reunió el 20 de noviembre en Bruselas con Dimitri Theologitis, jefe de la Unidad de Puertos de la DG-TREN, un encuentro en el que se logró abrir la puerta para presentar nuevas alegaciones.
Los representantes de la Comisión Europea se mostraron interesados por los nuevos argumentos expuestos por la Comisión Técnica y mostraron su predisposición a analizarlos y tenerlos en cuenta a la hora de volver a revisar el dictamen y su objeto.
Alegaciones
Tras la reunión, España obtuvo una prórroga de un mes (hasta el 2 de enero de 2013) al plazo inicialmente dado para modificar la legislación, al tiempo que decidió presentar nuevas alegaciones, basadas en argumentos jurídicos y remitidas en la última semana de diciembre.
El grueso de las alegaciones españolas estuvieron encaminadas a rebatir la acusación de que la obligatoriedad para las empresas estibadoras de formar parte de una SAGEP y de contratar trabajadores de la misma restringe en España la libertad de establecimiento empresarial.
Desde entonces se inició una espera que, según OPPE, va a concluir sin que se atiendan a estas nuevas alegaciones y con la denuncia ante el Tribunal de Justicia.
