Tal y como informó el lunes en exclusiva Diario del Puerto y
adelantó ayer diariodelpuerto.com, la Comisión Europea hizo ayer pública
su decisión formal de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo por incumplimiento de la libertad de establecimiento
empresarial en el sector de la estiba portuaria. En declaraciones a los
medios de comunicación pocos minutos antes de que se hiciera oficial la
noticia, José Llorca, presidente de Puertos del Estado, señaló durante
su presencia en el Salón Internacional de la Logística que es "muy
arriesgado esperar a que el Tribunal se pronuncie" y que su opinión
personal es que se debe trabajar "por un modelo de estiba acorde con la
legislación europea".
Tal y como se preveía y pese a que el martes, también en el SIL,
el jefe de la Unidad de Puertos de la DG Tren, Theodoros Theologitis,
intentó echar balones fuera, ayer el Colegio de Comisarios, a propuesta
del comisario de Transportes, tomó la decisión de "llevar a España ante
el Tribunal de Justicia de la UE por las normas relativas a la
contratación de estibadores en los puertos".
La decisión, que es el colofón al largo proceso iniciado en 2009 y que se formalizó a finales de 2012 en un dictamen motivado contra el Reino de España, se hizo pública ayer minutos después de que el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, interviniera en la "2ª Cumbre Lationamericana de Logística y Transporte", en el marco de la última jornada del SIL 2013.
En declaraciones a los medios de comunicación, Llorca, que como publicó el lunes este Diario daba por hecho la denuncia, destacó que, a partir de ahora, la estrategia a seguir depende de todos los sectores implicados en la estiba en España.
En todo caso, aseguró que su opinión personal era que "esperar a una sentencia es algo complicado".
"Si la Comisión lleva esto al Tribunal de Justicia es porque tiene la seguridad de que lo va a ganar. Por tanto, esperar a una sentencia implicaría que en el momento de producirse, si es condenatoria, de la noche a la mañana las empresas deberían asumir en España los pasivos laborales de las sociedades de estiba mientras que cualquier empresa nueva podría venir e instalarse sin estar sometido a estos criterios con lo que ello implicaría en la estructura del mercado", dijo el presidente de Puertos del Estado.
Según Llorca, "esperar es muy arriesgado" hasta el punto de que el presidente de Puertos del Estado aseguró que su opinión personal es que "hay que trabajar por un modelo de estiba acorde con la legislación europea".
En cuanto a la estrategia de la Comisión, Llorca aseguró que la de España ya no va a ser una denuncia aislada y que está previsto que Bélgica sea el próximo país en ser denunciado por su régimen de estiba, "yendo la Comisión caso por caso", dijo Llorca.
La denuncia de la Comisión contra España responde a los fundamentos del dictamen, que consideraba contrario a la legislación europea y al principio de libre establecimiento empresarial que toda empresa estibadora para operar en un puerto español deba formar parte de una sociedad de estiba y contratar los estibadores de la misma.
Según la nota pública hecha ayer por la Comisión, "esto altera forzosamente las estructuras de empleo y las políticas de contratación de las empresas y, en última instancia, de las estrategias empresariales. Estos cambios pueden suponer graves perturbaciones para las empresas y tener consecuencias financieras considerables. Todo ello puede disuadir a las empresas estibadoras de establecerse en puertos españoles de interés general", asegura la Comisión, para quien "las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento se aplican plenamente a las actividades portuarias".
"En especial, el Tratado se opone a cualquier disposición nacional que, aunque no sea discriminatoria por razones de nacionalidad, obstaculice o haga menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento", informa la Comisión.
