El Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) tiene previsto
convocar a los representantes sectoriales para analizar la trascendencia
de la postura adoptada por la Comisión Europea (CE) en torno al
funcionamiento en España de las Sociedades Anónimas de Gestión de
Estibadores Portuarios (SAGEP).
Fuente: Diario del Puerto
En declaraciones a este Diario, el presidente de Puertos del
Estado, José Llorca, señaló en la tarde del jueves que su intención es
analizar con los representantes empresariales y sindicales el contenido
del dictamen motivado de la Comisión Europea sobre las SAGEP y valorar
las posibles medidas a adoptar al respecto, en lo que es un asunto sobre
el que la institución europea se interesó ya hace bastantes meses.
Tal y como informó este Diario en su última edición, la Comisión Europea ha enviado a España un dictamen motivado por obligar a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles a participar financieramente en el capital de las SAGEP, “impidiéndolas recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente”.
Barrera
Según la Comisión, “los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en España podrían no hacerlo a causa de la barrera que representa esta disposición en el mercado de estos servicios”.
Para la CE, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento se aplican plenamente a las actividades realizadas por las entidades responsables de la contratación de trabajadores portuarios. Así, la Unión Europea exige la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento.
Imponer
En este sentido, según la Comisión, si bien las SAGEP “suelen ofrecer una formación de calidad a los trabajadores y constituyen una herramienta eficaz para los empresarios, no deben utilizarse para impedir que determinadas personas o empresas cualificadas presten servicios de manutención de carga, o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan”.
Esta es la segunda etapa del procedimiento de infracción.
“En caso de que España no reaccione de manera satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión Europea podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, según informaron el jueves fuentes de la CE en un comunicado.
ANESCO, a la espera del análisis
Para la Asociación Nacional de Empresas Estibadores y Consignatarias de Buques (ANESCO), que representa a muchas de las empresas integradas en las SAGEP de los puertos españoles, si la Comisión Europea quiere modificar la legislación española y cambiar la metodología de trabajo de las sociedades de estiba, tendrá que hacerlo también en otros muchos países como Francia, Italia o Alemania, donde se funciona igual. Según señalaron a este Diario fuentes de la entidad, es el momento ahora de analizar con detenimiento el dictamen motivado de la Comisión y, a partir de ahí, con tiempo estudiar sus implicaciones y si hay que sentarse para cambiar la ley “buscaremos las fórmulas sin problemas”.
Tal y como informó este Diario en su última edición, la Comisión Europea ha enviado a España un dictamen motivado por obligar a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles a participar financieramente en el capital de las SAGEP, “impidiéndolas recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente”.
Barrera
Según la Comisión, “los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en España podrían no hacerlo a causa de la barrera que representa esta disposición en el mercado de estos servicios”.
Para la CE, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento se aplican plenamente a las actividades realizadas por las entidades responsables de la contratación de trabajadores portuarios. Así, la Unión Europea exige la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento.
Imponer
En este sentido, según la Comisión, si bien las SAGEP “suelen ofrecer una formación de calidad a los trabajadores y constituyen una herramienta eficaz para los empresarios, no deben utilizarse para impedir que determinadas personas o empresas cualificadas presten servicios de manutención de carga, o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan”.
Esta es la segunda etapa del procedimiento de infracción.
“En caso de que España no reaccione de manera satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión Europea podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, según informaron el jueves fuentes de la CE en un comunicado.
ANESCO, a la espera del análisis
Para la Asociación Nacional de Empresas Estibadores y Consignatarias de Buques (ANESCO), que representa a muchas de las empresas integradas en las SAGEP de los puertos españoles, si la Comisión Europea quiere modificar la legislación española y cambiar la metodología de trabajo de las sociedades de estiba, tendrá que hacerlo también en otros muchos países como Francia, Italia o Alemania, donde se funciona igual. Según señalaron a este Diario fuentes de la entidad, es el momento ahora de analizar con detenimiento el dictamen motivado de la Comisión y, a partir de ahí, con tiempo estudiar sus implicaciones y si hay que sentarse para cambiar la ley “buscaremos las fórmulas sin problemas”.
