Durante la pasada semana se sucedieron las reuniones en Madrid
para tratar de poner un poco de orden ante el caos que ha provocado el
dictamen de la CE, que insta a España a desarticular su actual sistema
de sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP).
Según aseguró Coordinadora en un comunicado tras un encuentro con José
Llorca, Gobierno, trabajadores y patronal harán un frente común para
defender en Europa la validez de la Ley de Puertos.
El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha mantenido
encuentros con todos los sindicatos representativos de la estiba, así
como con la patronal de empresas estibadoras.
Poco ha trascendido de todos estos encuentros más allá del consenso que existe en lo “perjudicial” que sería para España adentrarse en un proceso de transformación normativa de este calado.
En este sentido, según UGT-SEI, el presidente de Puertos del Estado habría manifestado su posición de “no modificar la legislación actual española respecto al modelo de estiba actual, ya que es un sistema implantado prácticamente en todos los estados miembros de la unión”.
En esta misma línea, el sindicato Coordinadora, que celebró el jueves su reunión con Llorca, aseguró en un comunicado que el presidente de OPPE se ha comprometido “a que gobierno, patronal y trabajadores vayan juntos a Europa a defender la normativa española”.
Según el mismo sindicato, “el sistema funciona, es productivo, es estable. Parece casi un oasis en medio de la desastrosa situación económica española. ¿Por qué erradicarlo entonces? ¿Por qué experimentar cuando la fórmula implantada con consenso genera riqueza?”
Desde Coordinadora aseguran ser conscientes de que pueden hacerse ajustes a la ley que “contribuyan a que aumenten las inversiones extranjeras en los puertos españoles, que crezcan los tráficos aún en mayor medida, pero siempre desde el consenso y desde el respeto a los puestos de trabajo”.
“Lo que no tiene sentido -continúan- es destruir un pool de trabajadores que, como demuestran las cifras, funciona para que hagan la labor otros en peores condiciones”.
En relación al argumento esgrimido por el dictamen que asegura que el actual sistema limita el establecimiento empresarial, Coordinadora asegura que “con solo mirar la realidad que viven actualmente los puertos españoles se neutraliza fácilmente este argumento, pues en la mayor parte de ellos operan terminalistas y navieras internacionales que no han tenido ningún problema, al contrario, para establecerse en ellos. Es el caso de Hutchinson en Barcelona, Hanjin Shipping en Algeciras, Mediterranean Shipping en Valencia etc.”.
Posicionamiento firme
El sindicato UGT, por su parte, celebró el martes su correspondiente reunión con Llorca y emitió una resolución tras la IV Conferencia Ordinaria del Sector Federal de Puertos, Aduanas y Consignatarias en el que aseguraba que el sindicato “ no tolerará ninguna desregulación del trabajo portuario” y exigía “el cumplimiento del actual marco legal”. “Si quieren guerra con los trabajadores portuarios estamos listos para luchar por nuestro trabajo”, apostillaban.
Según señala UGT en esta resolución, “tras dos intentos fallidos de liberalizar por completo el trabajo portuarios, llamados paquetes portuarios I y II y que fueron derrotados con éxito en el 2003 y 2006 gracias al desafío y la solidaridad de estibadores de todo el mundo, la Comisión Europea se tomó unos años de descanso y ahora vuelve con la misma legislación presionando a nuestro país, para liberalizar la industria portuaria, precarizar el trabajo portuario, la erosión de los derechos sindicales y una reducción de las normas de seguridad, salud y condiciones de los estibadores, en definitiva, desprofesionalizar el trabajo portuario”.
Respuesta
Todavía se desconoce cuál va a ser la respuesta española respecto al dictamen emitido por la CE, que marca un plazo de dos meses (desde el 1 de octubre) para que el Gobierno español dé una respuesta.
Una de las hipótesis que se baraja en la actualidad es no articular medida alguna y dejar que el dictamen de la CE siga su curso, es decir, que se eleve la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE y esperar entonces alguna resolución.
La segunda de las opciones pasaría por solicitar una moratoria a la CE con el propósito de consensuar una solución que no sea traumática para el sistema portuario español y que, a su vez, se ajuste a los requerimientos planteados por Europa, o bien para defender el texto normativo tal cual está.
Poco ha trascendido de todos estos encuentros más allá del consenso que existe en lo “perjudicial” que sería para España adentrarse en un proceso de transformación normativa de este calado.
En este sentido, según UGT-SEI, el presidente de Puertos del Estado habría manifestado su posición de “no modificar la legislación actual española respecto al modelo de estiba actual, ya que es un sistema implantado prácticamente en todos los estados miembros de la unión”.
En esta misma línea, el sindicato Coordinadora, que celebró el jueves su reunión con Llorca, aseguró en un comunicado que el presidente de OPPE se ha comprometido “a que gobierno, patronal y trabajadores vayan juntos a Europa a defender la normativa española”.
Según el mismo sindicato, “el sistema funciona, es productivo, es estable. Parece casi un oasis en medio de la desastrosa situación económica española. ¿Por qué erradicarlo entonces? ¿Por qué experimentar cuando la fórmula implantada con consenso genera riqueza?”
Desde Coordinadora aseguran ser conscientes de que pueden hacerse ajustes a la ley que “contribuyan a que aumenten las inversiones extranjeras en los puertos españoles, que crezcan los tráficos aún en mayor medida, pero siempre desde el consenso y desde el respeto a los puestos de trabajo”.
“Lo que no tiene sentido -continúan- es destruir un pool de trabajadores que, como demuestran las cifras, funciona para que hagan la labor otros en peores condiciones”.
En relación al argumento esgrimido por el dictamen que asegura que el actual sistema limita el establecimiento empresarial, Coordinadora asegura que “con solo mirar la realidad que viven actualmente los puertos españoles se neutraliza fácilmente este argumento, pues en la mayor parte de ellos operan terminalistas y navieras internacionales que no han tenido ningún problema, al contrario, para establecerse en ellos. Es el caso de Hutchinson en Barcelona, Hanjin Shipping en Algeciras, Mediterranean Shipping en Valencia etc.”.
Posicionamiento firme
El sindicato UGT, por su parte, celebró el martes su correspondiente reunión con Llorca y emitió una resolución tras la IV Conferencia Ordinaria del Sector Federal de Puertos, Aduanas y Consignatarias en el que aseguraba que el sindicato “ no tolerará ninguna desregulación del trabajo portuario” y exigía “el cumplimiento del actual marco legal”. “Si quieren guerra con los trabajadores portuarios estamos listos para luchar por nuestro trabajo”, apostillaban.
Según señala UGT en esta resolución, “tras dos intentos fallidos de liberalizar por completo el trabajo portuarios, llamados paquetes portuarios I y II y que fueron derrotados con éxito en el 2003 y 2006 gracias al desafío y la solidaridad de estibadores de todo el mundo, la Comisión Europea se tomó unos años de descanso y ahora vuelve con la misma legislación presionando a nuestro país, para liberalizar la industria portuaria, precarizar el trabajo portuario, la erosión de los derechos sindicales y una reducción de las normas de seguridad, salud y condiciones de los estibadores, en definitiva, desprofesionalizar el trabajo portuario”.
Respuesta
Todavía se desconoce cuál va a ser la respuesta española respecto al dictamen emitido por la CE, que marca un plazo de dos meses (desde el 1 de octubre) para que el Gobierno español dé una respuesta.
Una de las hipótesis que se baraja en la actualidad es no articular medida alguna y dejar que el dictamen de la CE siga su curso, es decir, que se eleve la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE y esperar entonces alguna resolución.
La segunda de las opciones pasaría por solicitar una moratoria a la CE con el propósito de consensuar una solución que no sea traumática para el sistema portuario español y que, a su vez, se ajuste a los requerimientos planteados por Europa, o bien para defender el texto normativo tal cual está.
FUENTE: DIARIO DEL PUERTO
