Es que si no fuera por lo serio del asunto sería como para descojonarse. ¿Pero como puede un tipo así ser Presidente de nada? Nosotros ya lo advertimos. El pasado día 9 titulabamos nuestro comentario como "EL PROBLEMA NO SE LLAMA BRUSELAS. EL PROBLEMA SE LLAMA LLORCA". Dos días más tarde, cuando parecía que el presiente del OPPE cambiaba de opinión nosotros titulábamos nuestro comentario con un "¿QUIEN ATA CABOS CON UN TIPO ASÍ?".
Pues eso, que nos reafirmamos en los dos comentarios anteriores. Llorca bailando su particular Yenka, tras dar un pasito adelante, ahora le da hacia atrás y manifiesta hoy en DIARIO DEL PUERTO:
El presidente del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE),
José Llorca, salió ayer al paso de la valoración realizada por el
sindicato Coordinadora al término de la reunión que mantuvieron ambas
partes el jueves para analizar el dictamen motivado de la Comisión
Europea sobre las SAGEP. En declaraciones a Diario del Puerto, Llorca
desmintió que OPPE vaya a impulsar un frente común para defender la ley
portuaria española.
Según el comunicado emitido por Coordinadora el jueves, del que
informó ayer este Diario, durante la reunión José Llorca “se comprometió
a formar un frente común entre el gobierno, la patronal y los
trabajadores y a acudir de manera conjunta a Europa a defender la norma
española”.
Pues bien, en declaraciones a Diario del Puerto, el presidente del Organismo Público desmintió ayer esta afirmación y aseguró que el pacto establecido, dentro de las opciones existentes, es ir a Europa a conocer cuáles son las “líneas rojas”, para así analizar mejor una modificación de la legislación española que evite que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia.
“En la reunión con el sindicato Coordinadora, y ante el dictamen de la Comisión Europea, yo expuse las dos opciones que había planteado en el Congreso -declaró ayer José Llorca-. O bien no hacer nada y esperar a que el tribunal responda; o bien intentar llegar a un acuerdo entre todos para modificar la ley”.
Entonces, en este punto, según el presidente de Puertos del Estado, “lo que Coordinadora dijo es que por qué no vamos a Bruselas a ver dónde están las ‘líneas rojas’. Así, nunca hablamos de defender la legislación española, sino de ir juntos a Bruselas para ver qué teníamos que hacer para que no nos llevaran a los tribunales, a ver cómo podríamos adaptar la legislación española para estar de acuerdo con la UE”.
Opciones
Según Llorca, la segunda opción que Puertos del Estado inicialmente planteaba era, en concreto, sentarse directamente las partes y definir una reforma legislativa que presentar a Europa, pero desde el Organismo Público se ha entendido que la propuesta de Coordinadora era adecuada, es decir, ir a Europa antes que nada para conocer mejor las exigencias de la Comisión Europea.
“Como se puede ver, esto nada tiene que ver con formalizar un frente común”, aclaró a este Diario Llorca, quien precisó que aún no está tomada la decisión sobre los pasos a adoptar, ya que ahora quienes tienen la palabra son los agentes sectoriales.
Según el presidente de Puertos del Estado, lo planteado la semana pasada a los sindicatos UGT, Coordinadora y CC.OO. y a la patronal ANESCO es que “hablen entre ellos, fijen una posición unánime y, a continuación, me pidan una audiencia conjunta, en la que ANESCO y los sindicatos me digan qué quieren que hagamos, si ir a Bruselas a ver qué tenemos que hacer para que la Unión Europea quede satisfecha, o bien no hacer nada y esperar a la decisión de los tribunales”.
“Esto es lo que me tienen que decir y me lo tienen que decir conjuntamente”, apostilló José Llorca, quien afirmó que no ha dado un plazo determinado a los agentes sectoriales para responder.
En todo caso, “si decidieran ir a Bruselas, lo haríamos inmediatamente”, aclaró Llorca.
Cabe recordar que la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España para adaptar la legislación portuaria, de acuerdo con un dictamen motivado en el que se asegura que España viola en sus puertos el principio de libertad de establecimiento empresarial por obligar a las empresas estibadoras a formar parte de las SAGEP y a contratar estibadores de las mismas.
Como bien es conocido, según el dictamen, si España no modifica su legislación en el plazo referido, la Comisión podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Sobre esta posibilidad, vinculada con la opción de esperar y no hacer nada, Llorca señaló ayer a este Diario que su “percepción es que el tribunal va a fallar en el sentido que todos imaginamos”, recordando sus declaraciones de la pasada semana en el Congreso, cuando afirmó que el dictamen está “tremendamente fundamentado”.
En contra
“Mi percepción es que el tribunal podría fallar en contra”, dijo Llorca, quien aseguró que “es un riesgo que se puede correr o no correr”, no sin advertir de que una decisión en contra podría suponer “que el Tribunal diga que tal o cual artículo de la ley quedan anulados, por lo que nos podríamos encontrar con que no tuviéramos ‘ley’ y, por tanto, tendríamos consecuencias como tener a ANESCO cargándose con los pasivos laborales sin ley, por poner sólo un ejemplo”.
Preguntado sobre el desencadenante del dictamen, Llorca declaró ayer a Diario del Puerto que “no tengo ni idea de quien ha denunciado esto. Lo que está claro es que la Comisión ha actuado por una denuncia de parte”, detalló.
Pues bien, en declaraciones a Diario del Puerto, el presidente del Organismo Público desmintió ayer esta afirmación y aseguró que el pacto establecido, dentro de las opciones existentes, es ir a Europa a conocer cuáles son las “líneas rojas”, para así analizar mejor una modificación de la legislación española que evite que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia.
“En la reunión con el sindicato Coordinadora, y ante el dictamen de la Comisión Europea, yo expuse las dos opciones que había planteado en el Congreso -declaró ayer José Llorca-. O bien no hacer nada y esperar a que el tribunal responda; o bien intentar llegar a un acuerdo entre todos para modificar la ley”.
Entonces, en este punto, según el presidente de Puertos del Estado, “lo que Coordinadora dijo es que por qué no vamos a Bruselas a ver dónde están las ‘líneas rojas’. Así, nunca hablamos de defender la legislación española, sino de ir juntos a Bruselas para ver qué teníamos que hacer para que no nos llevaran a los tribunales, a ver cómo podríamos adaptar la legislación española para estar de acuerdo con la UE”.
Opciones
Según Llorca, la segunda opción que Puertos del Estado inicialmente planteaba era, en concreto, sentarse directamente las partes y definir una reforma legislativa que presentar a Europa, pero desde el Organismo Público se ha entendido que la propuesta de Coordinadora era adecuada, es decir, ir a Europa antes que nada para conocer mejor las exigencias de la Comisión Europea.
“Como se puede ver, esto nada tiene que ver con formalizar un frente común”, aclaró a este Diario Llorca, quien precisó que aún no está tomada la decisión sobre los pasos a adoptar, ya que ahora quienes tienen la palabra son los agentes sectoriales.
Según el presidente de Puertos del Estado, lo planteado la semana pasada a los sindicatos UGT, Coordinadora y CC.OO. y a la patronal ANESCO es que “hablen entre ellos, fijen una posición unánime y, a continuación, me pidan una audiencia conjunta, en la que ANESCO y los sindicatos me digan qué quieren que hagamos, si ir a Bruselas a ver qué tenemos que hacer para que la Unión Europea quede satisfecha, o bien no hacer nada y esperar a la decisión de los tribunales”.
“Esto es lo que me tienen que decir y me lo tienen que decir conjuntamente”, apostilló José Llorca, quien afirmó que no ha dado un plazo determinado a los agentes sectoriales para responder.
En todo caso, “si decidieran ir a Bruselas, lo haríamos inmediatamente”, aclaró Llorca.
Cabe recordar que la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España para adaptar la legislación portuaria, de acuerdo con un dictamen motivado en el que se asegura que España viola en sus puertos el principio de libertad de establecimiento empresarial por obligar a las empresas estibadoras a formar parte de las SAGEP y a contratar estibadores de las mismas.
Como bien es conocido, según el dictamen, si España no modifica su legislación en el plazo referido, la Comisión podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Sobre esta posibilidad, vinculada con la opción de esperar y no hacer nada, Llorca señaló ayer a este Diario que su “percepción es que el tribunal va a fallar en el sentido que todos imaginamos”, recordando sus declaraciones de la pasada semana en el Congreso, cuando afirmó que el dictamen está “tremendamente fundamentado”.
En contra
“Mi percepción es que el tribunal podría fallar en contra”, dijo Llorca, quien aseguró que “es un riesgo que se puede correr o no correr”, no sin advertir de que una decisión en contra podría suponer “que el Tribunal diga que tal o cual artículo de la ley quedan anulados, por lo que nos podríamos encontrar con que no tuviéramos ‘ley’ y, por tanto, tendríamos consecuencias como tener a ANESCO cargándose con los pasivos laborales sin ley, por poner sólo un ejemplo”.
Preguntado sobre el desencadenante del dictamen, Llorca declaró ayer a Diario del Puerto que “no tengo ni idea de quien ha denunciado esto. Lo que está claro es que la Comisión ha actuado por una denuncia de parte”, detalló.
