Representantes del Consejo Internacional de Estibadores (IDC) y
de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) se han
reunido esta semana en Lisboa para coordinar acciones en contra de la
política que en materia de estiba está aplicando Portugal y que se
considera un banco de pruebas para ulteriores reformas a nivel europeo.
Ambas entidades consensuaron medidas de presión para exigir
al gobierno portugués que respete los derechos de los portuarios de
este país, que se consideran “prácticamente devastados desde que entró
en vigor la última Ley de Puertos”.
El próximo 4 de febrero,
un día antes de la celebración en el Parlamento Europeo de la
Conferencia Europea sobre la situación de la Liberalización de los
Servicios Portuarios, los estibadores de todos los estados miembros de
IDC y ETF entregarán en las embajadas portuguesas de sus respectivos
países un comunicado en el que se pretende denunciar “la política de
puertos ultraliberal europea”, cuyo máximo exponente se considera
actualmente Portugal, “creando una competencia desleal entre
trabajadores del mismo país y del mismo sector, cuyo resultado es la
aniquilación de los derechos de los trabajadores que se encuentran
inmersos en un entorno de inseguridad y precariedad laboral”, aseguró
ayer IDC en un comunicado.
Junto con la generalización del
doble sistema de pool en los puertos portugueses, lo que más alarma a
los sindicatos europeos, según fuentes de IDC, es que en las nuevas
bolsas de trabajadores se permite el ingreso e inicio de la actividad de
nuevos portuarios sin formación reglada, al tiempo que se limita el
derecho de huelga de estos trabajadores.
Además, se afirma que
la nueva legislación portuaria portuguesa, que está sumiendo al país en
un proceso de desregulación e inestabilidad, no cumple con la
Convención de Puertos ILO 137, ratificada por este país.
En la
carta que se entregará en las embajadas portuguesas los estibadores
portuarios exigirán el final de las políticas liberalizadoras y de las
medidas de austeridad impuestas por la Troika en Portugal, que se afirma
están destruyendo la sociedad, así como la readmisión de los 47
trabajadores portuarios despedidos en Lisboa por oponerse a realizar
horas extras y la ampliación del plazo dado por el Gobierno para
alcanzar un nuevo acuerdo de convenio colectivo de ámbito general,
reclamando que haya margen hasta septiembre.
Los sindicatos
europeos expondrán a los embajadores lusos que si no se percibe un
cambio significativo en la actitud de los empresarios se llevarán a cabo
medidas solidarias de presión internacional.
Publicado por Diario del Puerto
