Kallas
ha insistido en que para que los 319 puertos que considera "clave",
pero que necesitan mejoras para ser competitivos, es necesario mejorar
sus interconexiones por carretera y ferrocarril con el interior, para lo
que podrán optar al apoyo del mecanismo europeo para la interconexión
si son incluidos en los corredores prioritarios e importantes.
El Ejecutivo comunitario quiere, además, flexibilizar las posibilidades de financiación de los puertos, pero mejorar también la transparencia y evitar el fraude en la asignación de fondos públicos. También podrán reducir las tasas a los buques con mejor comportamiento medioambiental.
Finalmente,
Kallas ha explicado la intención de su gabinete de crear en junio un
"comité de diálogo social para los puertos" que sirva de foro para que
trabajadores y empresarios discutan asuntos de interés común.
La estrategia que presenta el Ejecutivo comunitario será la primera legislación sectorial para esta área, hasta ahora cubierta por las normas europeas de competencia y de libertad de establecimiento.
La estrategia que presenta el Ejecutivo comunitario será la primera legislación sectorial para esta área, hasta ahora cubierta por las normas europeas de competencia y de libertad de establecimiento.
Los
38 puertos que Bruselas pide modernizar en España son los de A Coruña,
la bahía de Algeciras, Alicante, Almería, Arrecife, Avilés, Barcelona,
Bilbao, la bahía de Cádiz, Carboneras, Cartagena, Castellón, Ceuta, El
Hierro (La Estaca), Ferrol, Gijón, Huelva 4, Ibiza La Savina, Las
Palmas, Los Cristianos, Mahón (Menorca), Málaga, Melilla, Motril, Palma
de Mallorca, Pasajes, Puerto Rosario, Sagunto, San Cibrao, San Sebastián
de la Gomera, Santa Cruz de La Palma, Santander, Sevilla, Tarragona,
Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo.
A continuación y por lo interesante de su contenido, publicamos un artículo publicado hoy mismo en INFOESTIBA:
Bruselas plantea liberalizar los puertos para hacerlos competitivos
Conflictividad. La anterior tentativa de abrir los servicios portuarios
al libre mercado provocó protestas de los estibadores de toda Europa,
que incluso atacaron la embajada española ante la UE.
Bruselas está dispuesta a dar otro nuevo impulso al proceso de liberalización de los servicios portuarios. Su gestión actual no parece convencer a la Comisión, que ayer presentó una iniciativa a medida para afrontar los problemas de eficiencia de los principales puertos del sur de Europa, los menos competitivos a decir del Ejecutivo comunitario.
La propuesta es similar a la que naufragó en el 2006. Los afectados la rechazaron entonces y Bruselas vio frustrado el proyecto legislativo iniciado en el 2001 por la entonces comisaria de Transportes, Loyola de Palacio. El testigo lo ha tomado su sucesor Siim Kallas, que ayer hizo públicas las principales líneas de acción para mejorar la competitividad y eficiencia de los 319 puertos «clave» de la red marítima europea. De esa lista, un total de 38 son españoles y están incluidos los de A Coruña, Ferrol y Vigo. Los objetivos que se han marcado son tres. El primero y más urgente es descongestionar el tráfico marítimo que hoy se concentra en tres grandes puertos: Róterdam, Amberes y Hamburgo. Solo ellos acaparan una quinta parte de todas las actividades portuarias en la UE.
Según el Ejecutivo comunitario, este desequilibrio en la red marítima interna se debe precisamente a la falta de competitividad de aquellos puertos donde el monopolio de algunos operadores sobre los servicios da lugar a situaciones de precios abusivos, incrementando los costes y desviando el tráfico a la carretera.
El segundo objetivo es conseguir atraer la inversión privada a través de una mejora de los servicios ofrecidos y el anzuelo de la cofinanciación pública. Para ello, la Unión Europea echará mano de los fondos de programas como Connecting Europe. Pero su gestión deberá ser «más transparente». Por esa razón, Kallas anunció que se pondrá en marcha un reglamento que obligue a las autoridades portuarias a hacer públicos todos los procesos de selección de los proveedores de servicios: «Todos los operadores deben poder concurrir en igualdad de condiciones».
El tercer fin es generar crecimiento. La Comisión asegura que liberalizando los sectores se podría rebajar en un 7 % los costes, se aumentaría el tráfico marítimo, y podrían «generarse 110.000 empleos hasta el 2030».
Bruselas está dispuesta a dar otro nuevo impulso al proceso de liberalización de los servicios portuarios. Su gestión actual no parece convencer a la Comisión, que ayer presentó una iniciativa a medida para afrontar los problemas de eficiencia de los principales puertos del sur de Europa, los menos competitivos a decir del Ejecutivo comunitario.
La propuesta es similar a la que naufragó en el 2006. Los afectados la rechazaron entonces y Bruselas vio frustrado el proyecto legislativo iniciado en el 2001 por la entonces comisaria de Transportes, Loyola de Palacio. El testigo lo ha tomado su sucesor Siim Kallas, que ayer hizo públicas las principales líneas de acción para mejorar la competitividad y eficiencia de los 319 puertos «clave» de la red marítima europea. De esa lista, un total de 38 son españoles y están incluidos los de A Coruña, Ferrol y Vigo. Los objetivos que se han marcado son tres. El primero y más urgente es descongestionar el tráfico marítimo que hoy se concentra en tres grandes puertos: Róterdam, Amberes y Hamburgo. Solo ellos acaparan una quinta parte de todas las actividades portuarias en la UE.
Según el Ejecutivo comunitario, este desequilibrio en la red marítima interna se debe precisamente a la falta de competitividad de aquellos puertos donde el monopolio de algunos operadores sobre los servicios da lugar a situaciones de precios abusivos, incrementando los costes y desviando el tráfico a la carretera.
El segundo objetivo es conseguir atraer la inversión privada a través de una mejora de los servicios ofrecidos y el anzuelo de la cofinanciación pública. Para ello, la Unión Europea echará mano de los fondos de programas como Connecting Europe. Pero su gestión deberá ser «más transparente». Por esa razón, Kallas anunció que se pondrá en marcha un reglamento que obligue a las autoridades portuarias a hacer públicos todos los procesos de selección de los proveedores de servicios: «Todos los operadores deben poder concurrir en igualdad de condiciones».
El tercer fin es generar crecimiento. La Comisión asegura que liberalizando los sectores se podría rebajar en un 7 % los costes, se aumentaría el tráfico marítimo, y podrían «generarse 110.000 empleos hasta el 2030».
