El Consejo Económico y Social
critica la reforma de las pensiones de Báñez
El órgano vota hoy un informe que censura la “pérdida
de poder adquisitivo” de los jubilados
El documento provisional cuenta con el apoyo de CEOE
Al Consejo
Económico y Social (CES), órgano compuesto principalmente por sindicatos y
empresarios, no le gusta la reforma de pensiones que el Gobierno ha puesto
sobre la mesa. En concreto, a su Comisión de Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social, que ha elaborado un informe muy crítico con los cambios
previstos por el Ejecutivo que el pleno de la organización debatirá y votará
este jueves. Al contrario de lo que dice el Ministerio de Empleo, la propuesta
argumenta que los cambios en el modo de actualización anual de las pensiones
supondrán “una pérdida de poder adquisitivo en contextos de
crisis como el actual, que además no llegaría a recuperarse”. La crítica no
solo se queda en el fondo, también llega a las formas y al “procedimiento
seguido en esta ocasión, se aparta del habitual”, lo que para el CES “resulta
inadecuado” porque no le permite opinar sobre la versión definitiva.
La propuesta
de dictamen que debatirá en la tarde del jueves el pleno del CES, a la que ha
tenido acceso este diario, puede ser modificada y enmendada, por lo que todavía
no es definitiva. Sin embargo, no debería haber grandes cambios ya que el
documento de 20 páginas y cinco puntos elaborado por la Comisión de Seguridad
Social ha sido aprobado por unanimidad, según apuntan fuentes sindicales y
patronales. Esto supondría que la CEOE se suma a las posiciones críticas que
los sindicatos UGT y CC OO han mantenido en las últimas semanas.
El CES
—presidido por Marcos Peña, secretario general de Empleo en el último Gobierno
de Felipe González— es un órgano consultivo y autónomo que se compone de tres
grupos. En el primero están los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO y los
nacionalistas CIG y ELA. El segundo lo integran las patronales CEOE y Cepyme.
El tercero es el más heterogéneo y lo forman organizaciones agrarias, de pescadores
y de consumidores, junto con seis expertos nombrados por el Gobierno.
El papel del
CES en esta reforma —y en los proyectos de ley de ámbito socioeconómico— es
evaluar el anteproyecto que el Ejecutivo remitió a este organismo el lunes de
la semana pasada. Su evaluación será estudiada por el Consejo de Ministros, que
el viernes aprobará el anteproyecto de ley definitivo. Aquel texto legal cuenta
con la doble vía de ajuste que el Ministerio de Empleo plantea para esta
reforma: la desvinculación de la actualización anual de las pensiones
del IPC y su sustitución por una fórmula en la que se tiene presente la salud de las cuentas de la Seguridad
Social, con un suelo en los años malos (0,25%) y un techo en los
buenos (IPC más 0,25%); y la utilización de la esperanza de vida a los 67 años
para calcular la pensión inicial de quien se jubila, llamado Factor de
Sostenibilidad. El documento remitido por el Gobierno iba acompañado de una
memoria de impacto normativo y económico que cifraba en poco más de 800
millones el recorte en pensiones para 2014 y en 33.000 de forma acumulada hasta 2022.
El informe
de la Comisión de Seguridad Social concluye que la reforma, en su formato
actual, acarrea “una pérdida de poder adquisitivo”. Esto choca frontalmente con
el argumento que utiliza el Ministerio de Empleo que defiende que la reforma no
supondrá devaluación de las pensiones y que se sujeta a lo que marcan las
últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, de 2010. “El CES entiende que el objetivo
expresado en la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo con la formulación
del índice de revalorización que propone el anteproyecto no se consigue”,
expone. Además, el informe advierte de que “la utilización lineal del índice
(...) actuaría en contra de la equidad del sistema” al aplicarse a todas las
pensiones. Subraya que en torno al 50% de las prestaciones son de menos de 650
euros al mes.
No es la
única censura al contenido de la reforma propuesta. Al CES tampoco le han
gustado las formas empleadas por el Ejecutivo para sacar adelante sus
intenciones. “El procedimiento seguido en esta ocasión se aparta del habitual”,
reza el documento, que expone que en reformas de pensiones anteriores el CES
estudia los anteproyectos que ya han sido negociados con agentes sociales y
grupos políticos. “La singularidad del procedimiento (...) no ha facilitado el
ejercicio de reflexión conjunta y el acercamiento de posiciones sobre una norma
de la trascendencia de la que nos ocupa en la que, aun existiendo algunos elementos
para el consenso, existen también evidentes opiniones divergentes sobre algunos
aspectos entre las organizaciones que componen este órgano”, continúa el
informe.
Por otra
parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió ayer la reforma en sendas
respuestas al socialista Valeriano Gómez y a Joan
Coscubiela, de Izquierda Plural. Báñez reprochó al primero que haya roto
relaciones con el Gobierno. Gómez le había pedido que retirara la reforma.
Coscubiela le recordó que para aumentar los ingresos de las pensiones puede
subir las bases máximas y mínimas de cotización o crear impuestos solidarios.
Fuente: El País
