En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del
Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), José Llorca, aseguró ayer
en Santander que sus previsiones son que el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea no va a tardar más de un año en dictar sentencia sobre
la denuncia de la Comisión Europea contra el modelo de estiba de
España, unos plazos que de cumplirse podrían hacer acuciante la
necesidad de replantear la legislación española sobre estiba ante una
posible sentencia condenatoria.
Preguntado sobre si el Tribunal de Justicia ya había fijado
fecha para la vista previa sobre la denuncia contra España por su modelo
de estiba, José Llorca informó de que recientemente mantuvo una reunión
con Dimitris Theologitis, jefe de la Unidad de Puertos de la DG Tren de
la Comisión Europea, con el objetivo de hablar de la propuesta de
reglamento de acceso a los servicios portuarios y sobre las tasas
portuarias.
En dicho encuentro “no hablamos, ni mucho menos, largo y tendido sobre el tema del dictamen de la estiba”, dijo Llorca, si bien el presidente de Puertos del Estado extrajo de esa reunión al respecto que, de momento, “que yo sepa, la Comisión Europea aún no ha presentado formalmente ante el Tribunal de Justicia su denuncia, por lo que aún no es posible aventurar plazos” con respecto a la convocatoria de la vista previa y, en todo caso, con relación a una futura resolución.
Punto de vista
En todo caso, el presidente de Puertos del Estado sí quiso compartir su punto de vista sobre la duración del proceso.
“Yo tengo la previsión de que una vez entregada la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no pasará un año antes de que éste resuelva”, declaró Llorca.
Este dato es sumamente relevante porque, en primer lugar, contrasta con las reiteradas previsiones de los distintos agentes sectoriales y demás agentes implicados en el conflicto sobre una duración muy prolongada de la tramitación de este tipo de procesos en el Tribunal Europeo, que han venido diciendo estas fuentes que podría estar en hasta cuatro años para dictar sentencia a lo que habría que añadir los posteriores recursos, lo que para muchos convertiría el proceso en eterno. Esto implicaría que España tendría margen de tiempo para maniobrar ante una posible sentencia condenatoria de Luxemburgo.
Radicalmente distinto
No obstante, este escenario sería radicalmente distinto de acuerdo con los plazos que prevé el presidente de Puertos del Estado. Si en un año puede haber sentencia, esto implicaría que en un año Luxemburgo podría declarar ilegal el actual régimen de estiba español y obligar a una modificación legislativa, con lo que los temidos vacíos legales (si no se hace nada antes) podrían estar a la vuelta de la esquina.
Los plazos previstos por el presidente de Puertos del Estado invitarían por tanto a emprender ya la apertura de un proceso consensuado de reforma legislativa y adecuación a las exigencias europeas, toda vez que pervive el convencimiento generalizado de que Luxemburgo fallará en contra de España.
La Comisión Europea decidió el 20 de junio denunciar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE por sus normas relativas a la contratación de trabajadores portuarios y la violación del principio de libre establecimiento empresarial en el sector de la estiba.
En dicho encuentro “no hablamos, ni mucho menos, largo y tendido sobre el tema del dictamen de la estiba”, dijo Llorca, si bien el presidente de Puertos del Estado extrajo de esa reunión al respecto que, de momento, “que yo sepa, la Comisión Europea aún no ha presentado formalmente ante el Tribunal de Justicia su denuncia, por lo que aún no es posible aventurar plazos” con respecto a la convocatoria de la vista previa y, en todo caso, con relación a una futura resolución.
Punto de vista
En todo caso, el presidente de Puertos del Estado sí quiso compartir su punto de vista sobre la duración del proceso.
“Yo tengo la previsión de que una vez entregada la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no pasará un año antes de que éste resuelva”, declaró Llorca.
Este dato es sumamente relevante porque, en primer lugar, contrasta con las reiteradas previsiones de los distintos agentes sectoriales y demás agentes implicados en el conflicto sobre una duración muy prolongada de la tramitación de este tipo de procesos en el Tribunal Europeo, que han venido diciendo estas fuentes que podría estar en hasta cuatro años para dictar sentencia a lo que habría que añadir los posteriores recursos, lo que para muchos convertiría el proceso en eterno. Esto implicaría que España tendría margen de tiempo para maniobrar ante una posible sentencia condenatoria de Luxemburgo.
Radicalmente distinto
No obstante, este escenario sería radicalmente distinto de acuerdo con los plazos que prevé el presidente de Puertos del Estado. Si en un año puede haber sentencia, esto implicaría que en un año Luxemburgo podría declarar ilegal el actual régimen de estiba español y obligar a una modificación legislativa, con lo que los temidos vacíos legales (si no se hace nada antes) podrían estar a la vuelta de la esquina.
Los plazos previstos por el presidente de Puertos del Estado invitarían por tanto a emprender ya la apertura de un proceso consensuado de reforma legislativa y adecuación a las exigencias europeas, toda vez que pervive el convencimiento generalizado de que Luxemburgo fallará en contra de España.
La Comisión Europea decidió el 20 de junio denunciar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE por sus normas relativas a la contratación de trabajadores portuarios y la violación del principio de libre establecimiento empresarial en el sector de la estiba.
Fuente: Diario del Puerto
