La Yenka de Llorca.

Es que si no fuera por lo serio del asunto sería como para descojonarse. ¿Pero como puede un tipo así ser Presidente de nada? Nosotros ya lo advertimos. El pasado día 9 titulabamos nuestro comentario como "EL PROBLEMA NO SE LLAMA BRUSELAS. EL PROBLEMA SE LLAMA LLORCA". Dos días más tarde, cuando parecía que el presiente del OPPE cambiaba de opinión nosotros titulábamos nuestro comentario con un "¿QUIEN ATA CABOS CON UN TIPO ASÍ?".

Pues eso, que nos reafirmamos en los dos comentarios anteriores. Llorca bailando su particular Yenka, tras dar un pasito adelante, ahora le da hacia atrás y manifiesta hoy en DIARIO DEL PUERTO:

Llorca desmiente que vaya a impulsar un frente común para defender la ley española

El presidente del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), José Llorca, salió ayer al paso de la valoración realizada por el sindicato Coordinadora al término de la reunión que mantuvieron ambas partes el jueves para analizar el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre las SAGEP. En declaraciones a Diario del Puerto, Llorca desmintió que OPPE vaya a impulsar un frente común para defender la ley portuaria española.

Según el comunicado emitido por Coordinadora el jueves, del que informó ayer este Diario, durante la reunión José Llorca “se comprometió a formar un frente común entre el gobierno, la patronal y los trabajadores y a acudir de manera conjunta a Europa a defender la norma española”.
Pues bien, en declaraciones a Diario del Puerto, el presidente del Organismo Público desmintió ayer esta afirmación y aseguró que el pacto establecido, dentro de las opciones existentes, es ir a Europa a conocer cuáles son las “líneas rojas”, para así analizar mejor una modificación de la legislación española que evite que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia.
“En la reunión con el sindicato Coordinadora, y ante el dictamen de la Comisión Europea, yo expuse las dos opciones que había planteado en el Congreso -declaró ayer José Llorca-. O bien no hacer nada y esperar a que el tribunal responda; o bien intentar llegar a un acuerdo entre todos para modificar la ley”.
Entonces, en este punto, según el presidente de Puertos del Estado, “lo que Coordinadora dijo es que por qué no vamos a Bruselas a ver dónde están las ‘líneas rojas’. Así, nunca hablamos de defender la legislación española, sino de ir juntos a Bruselas para ver qué teníamos que hacer para que no nos llevaran a los tribunales, a ver cómo podríamos adaptar la legislación española para estar de acuerdo con la UE”.

Opciones

Según Llorca, la segunda opción que Puertos del Estado inicialmente planteaba era, en concreto, sentarse directamente las partes y definir una reforma legislativa que presentar a Europa, pero desde el Organismo Público se ha entendido que la propuesta de Coordinadora era adecuada, es decir, ir a Europa antes que nada para conocer mejor las exigencias de la Comisión Europea.
“Como se puede ver, esto nada tiene que ver con formalizar un frente común”, aclaró a este Diario Llorca, quien precisó que aún no está tomada la decisión sobre los pasos a adoptar, ya que ahora quienes tienen la palabra son los agentes sectoriales.
Según el presidente de Puertos del Estado, lo planteado la semana pasada a los sindicatos UGT, Coordinadora y CC.OO. y a la patronal ANESCO es que “hablen entre ellos, fijen una posición unánime y, a continuación, me pidan una audiencia conjunta, en la que ANESCO y los sindicatos me digan qué quieren que hagamos, si ir a Bruselas a ver qué tenemos que hacer para que la Unión Europea quede satisfecha, o bien no hacer nada y esperar a la decisión de los tribunales”.
“Esto es lo que me tienen que decir y me lo tienen que decir conjuntamente”, apostilló José Llorca, quien afirmó que no ha dado un plazo determinado a los agentes sectoriales para responder.
En todo caso, “si decidieran ir a Bruselas, lo haríamos inmediatamente”, aclaró Llorca.
Cabe recordar que la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España para adaptar la legislación portuaria, de acuerdo con un dictamen motivado en el que se asegura que España viola en sus puertos el principio de libertad de establecimiento empresarial por obligar a las empresas estibadoras a formar parte de las SAGEP y a contratar estibadores de las mismas.
Como bien es conocido, según el dictamen, si España no modifica su legislación en el plazo referido, la Comisión podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Sobre esta posibilidad, vinculada con la opción de esperar y no hacer nada, Llorca señaló ayer a este Diario que su “percepción es que el tribunal va a fallar en el sentido que todos imaginamos”, recordando sus declaraciones de la pasada semana en el Congreso, cuando afirmó que el dictamen está “tremendamente fundamentado”.

En contra

“Mi percepción es que el tribunal podría fallar en contra”, dijo Llorca, quien aseguró que “es un riesgo que se puede correr o no correr”, no sin advertir de que una decisión en contra podría suponer “que el Tribunal diga que tal o cual artículo de la ley quedan anulados, por lo que nos podríamos encontrar con que no tuviéramos ‘ley’ y, por tanto, tendríamos consecuencias como tener a ANESCO cargándose con los pasivos laborales sin ley, por poner sólo un ejemplo”.
Preguntado sobre el desencadenante del dictamen, Llorca declaró ayer a Diario del Puerto que “no tengo ni idea de quien ha denunciado esto. Lo que está claro es que la Comisión ha actuado por una denuncia de parte”, detalló.

Gobierno, patronal y trabajadores defenderán juntos en Europa la validez de la Ley de Puertos

Durante la pasada semana se sucedieron las reuniones en Madrid para tratar de poner un poco de orden ante el caos que ha provocado el dictamen de la CE, que insta a España a desarticular su actual sistema de sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP). Según aseguró Coordinadora en un comunicado tras un encuentro con José Llorca, Gobierno, trabajadores y patronal harán un frente común para defender en Europa la validez de la Ley de Puertos.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha mantenido encuentros con todos los sindicatos representativos de la estiba, así como con la patronal de empresas estibadoras.
Poco ha trascendido de todos estos encuentros más allá del consenso que existe en lo “perjudicial” que sería para España adentrarse en un proceso de transformación normativa de este calado.
En este sentido, según UGT-SEI, el presidente de Puertos del Estado habría manifestado su posición de “no modificar la legislación actual española respecto al modelo de estiba actual, ya que es un sistema implantado prácticamente en todos los estados miembros de la unión”.
En esta misma línea, el sindicato Coordinadora, que celebró el jueves su reunión con Llorca, aseguró en un comunicado que el presidente de OPPE se ha comprometido “a que gobierno, patronal y trabajadores vayan juntos a Europa a defender la normativa española”.
Según el mismo sindicato, “el sistema funciona, es productivo, es estable. Parece casi un oasis en medio de la desastrosa situación económica española. ¿Por qué erradicarlo entonces? ¿Por qué experimentar cuando la fórmula implantada con consenso genera riqueza?”
Desde Coordinadora aseguran ser conscientes de que pueden hacerse ajustes a la ley que “contribuyan a que aumenten las inversiones extranjeras en los puertos españoles, que crezcan los tráficos aún en mayor medida, pero siempre desde el consenso y desde el respeto a los puestos de trabajo”.
“Lo que no tiene sentido -continúan- es destruir un pool de trabajadores que, como demuestran las cifras, funciona para que hagan la labor otros en peores condiciones”.
En relación al argumento esgrimido por el dictamen que asegura que el actual sistema limita el establecimiento empresarial, Coordinadora asegura que “con solo mirar la realidad que viven actualmente los puertos españoles se neutraliza fácilmente este argumento, pues en la mayor parte de ellos operan terminalistas y navieras internacionales que no han tenido ningún problema, al contrario, para establecerse en ellos. Es el caso de Hutchinson en Barcelona, Hanjin Shipping en Algeciras, Mediterranean Shipping en Valencia etc.”.

Posicionamiento firme

El sindicato UGT, por su parte, celebró el martes su correspondiente reunión con Llorca y emitió una resolución tras la IV Conferencia Ordinaria del Sector Federal de Puertos, Aduanas y Consignatarias en el que aseguraba que el sindicato “ no tolerará ninguna desregulación del trabajo portuario” y exigía “el cumplimiento del actual marco legal”. “Si quieren guerra con los trabajadores portuarios estamos listos para luchar por nuestro trabajo”, apostillaban.
Según señala UGT en esta resolución, “tras dos intentos fallidos de liberalizar por completo el trabajo portuarios, llamados paquetes portuarios I y II y que fueron derrotados con éxito en el 2003 y 2006 gracias al desafío y la solidaridad de estibadores de todo el mundo, la Comisión Europea se tomó unos años de descanso y ahora vuelve con la misma legislación presionando a nuestro país, para liberalizar la industria portuaria, precarizar el trabajo portuario, la erosión de los derechos sindicales y una reducción de las normas de seguridad, salud y condiciones de los estibadores, en definitiva, desprofesionalizar el trabajo portuario”.

Respuesta

Todavía se desconoce cuál va a ser la respuesta española respecto al dictamen emitido por la CE, que marca un plazo de dos meses (desde el 1 de octubre) para que el Gobierno español dé una respuesta.
Una de las hipótesis que se baraja en la actualidad es no articular medida alguna y dejar que el dictamen de la CE siga su curso, es decir, que se eleve la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE y esperar entonces alguna resolución.
La segunda de las opciones pasaría por solicitar una moratoria a la CE con el propósito de consensuar una solución que no sea traumática para el sistema portuario español y que, a su vez, se ajuste a los requerimientos planteados por Europa, o bien para defender el texto normativo tal cual está. 

 

FUENTE: DIARIO DEL PUERTO

¿Quien ata cabos con un tipo así?

Leímos ayer en la página de nuestros compañeros de UGTestibaVALENCIA: 

 
El presidente de puertos del estado Jose Llorca nos informa de que no pretende modificar la legislación actual española respecto al modelo de estiba español actual, ya que es un sistema implantado prácicamente en todos los estados miembros de la unión.

Tambien nos informa de que la comisión europea no ha actuado de oficio, si no a través de una denuncia interpuesta por una autoridad portuaria española.
Por otra parte la comisión europea hace bastante hincapié el la cualificación de los estibadores españoles ya que no esta planteado en la legislación española, aunque según Llorca lo tienen en cuenta desde la ley 48/2003 y esta todo previsto para empezar a implantarlo. Esto no afecta a las platillas actuales ya que se convalidarían las cualificaciones." 


Leemos hoy en Veintepies:

 OPPE advierte del perjuicio para España si se cambia el actual modelo portuario
 Puertos del Estado ha advertido a la Comisión Europea de los perjuicios que supondría para el sistema portuario en particular y la economía española en general cambiar el actual modelo portuario. En concreto, OPPE justifica el actual modelo por el hecho de que “el aparato productivo de los puertos no puede verse sacudido de la noche a la mañana sin graves consecuencias para la economía española”.
¿A que se debe el cambio de actitud del Sr. LLorca?
 ¿Es sincero?
¿Se le puede creer?

Seguiremos atentos y sin bajar la guardia. Por si acaso.

Resoluciones de la IV Conferencia Ordinaria del Sector Federal de Puertos Aduanas y Consignatarias de UGT sobre la Estiba

Nosotros ya lo habíamos advertido. El Problema no se llama Bruselas. El Problema se llama LLorca.

Llorca considera que el dictamen sobre las SAGEP está “tremendamente fundamentado”

El presidente del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), José Llorca, declaró ayer en el Congreso de los Diputados que el dictamen de la Comisión Europea sobre las SAGEP está “tremendamente fundamentado”, al tiempo que responsabilizó al Partido Socialista de la situación actual por no haber aceptado inicialmente la propuesta de redacción que en este ámbito planteara en su día el Partido Popular en el marco del pacto sobre la Ley de Puertos de 2010.

A preguntas del diputado socialista Antonio Trevín y durante su comparecencia en la Comisión de Fomento sobre los Presupuestos de 2013, José Llorca fue directo al señalar que “durante la negociación de la Ley 33/2010 la propuesta del PP fue que las empresas pudieran salirse de las SAGEP cuando lo consideraran oportuno, pero el PSOE rechazó esta posibilidad probablemente en base a presiones sindicales y empresariales”.
“Si esta propuesta se hubiera acordado probablemente no tendríamos ahora el dictamen de la Comisión Europea”, sobre el cual el presidente de Puertos del Estado dijo que está “tremendamente fundamentado”.
Llorca confirmó lo que ya se sabía, que hoy y mañana ha convocado a las principales organizaciones sindicales y empresariales para analizar el dictamen y vino a señalar que, en principio, sólo hay dos salidas: “O bien mantenemos la actual situación y esperamos a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, o bien nos alienamos con la postura de la Comisión Europea, que como ya se sabe considera que el actual modelo de las SAGEP restringe la libertad de establecimiento empresarial y opta porque en los puertos europeos, por ejemplo, haya más de un pool de estibadores, y que las empresas no estén obligadas a formar parte de los mismos”.
Según Llorca, “es un decisión complicada, pues hay numerosos problemas, hay temas de pasivos laborales y demás”.
En todo caso, el presidente de Puertos del Estado concluyó insistiendo en que “si se hubiera hecho caso a nuestra propuesta inicial en la tramitación de la Ley no hubiéramos llegado a esta situación”. 

 

FUENTE: DIARIO DEL PUERTO

El Dictamen sobre las SAGEP alerta de la no aprobación de la cualificación profesional

Tras la lectura del dictamen, no se observa novedad alguna en la ya conocida posición principal de la Comisión. Según la CE, en España se obliga a las empresas estibadoras que operan en sus puertos a participar en el capital de una SAGEP y a contratar el personal de la misma, lo cual va en contra de la libertad de establecimiento empresarial, incumpliéndose el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que “la Comisión invita a España a que adopte las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado en el plazo de dos meses”, es decir, antes del próximo 1 de diciembre. Según el dictamen, la argumentación central de defensa utilizada por España en las alegaciones previas fue la de manifestar que “aunque se constatase la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento, estaría justificada por la necesidad de conciliar el interés general inherente a la actividad de manipulación de mercancías con la protección de los trabajadores que en ella intervienen”. Pues bien, la CE reconoce en el dictamen que “la protección de los trabajadores puede aceptarse como una de las razones imperiosas de interés público” para restringir la libertad de establecimiento. No obstante, “las autoridades españolas no han aportado prueba alguna sobre los posibles efectos negativos que la abolición de las condiciones laborales restrictivas puede tener en la situación de los estibadores”, afirma la Comisión. Además, en este ámbito, según el dictamen, “podría considerarse que la necesidad de garantizar la calidad de los servicios prestados por estibadores cualificados o la necesidad de garantizar la seguridad en las operaciones portuarias constituyen objetivos imperiosos de interés general”. No obstante, la Comisión “observa que actualmente la legislación española no prevé ningún requisito de formación o cualificación especial para estos trabajadores, excepto un requisito general de aptitud física y psicológica y una educación post-secundaria para los estibadores”, lo cual le lleva a deducir a la Comisión que “aun cuando el objetivo de garantizar la calidad o la seguridad de los servicios de manipulación de mercancías posiblemente pudiera constituir un objetivo imperioso de interés general, las medidas adoptadas por las autoridades españolas no serían adecuadas para garantizar la consecución de este objetivo”. Es decir, la Comisión alerta de que a su entender España sigue sin aprobar los requisitos y la metodología de implementación de la cualificación profesional de los estibadores, lo que la institución europea considera fundamental. Ante el argumento, también planteado por España, de que el actual “régimen restrictivo” se mantiene porque el “aparato productivo de los puertos no puede verse sacudido de la noche a la mañana sin graves consecuencias para la economía española”, la CE “duda” de que un argumento “meramente económico” pueda ser un objetivo imperioso de interés general”. Por lo demás, el dictamen se centra en analizar los artículos de la legislación portuaria española y en demostrar que se obliga a las empresas a pertenecer al capital de las SAGEP y a contratar su personal. Cuatro días después de la nota de prensa El dictamen motivado sobre las SAGEP de la Comisión Europea, firmado por el Comisario de Transportes, Siim Kallas, es enunciado con la pulcra e inocente fórmula de “La Secretaría General tiene a bien remitirle adjunto un dictamen...”, bien visible en una primera página donde llama la atención una fecha: 1 de octubre de 2012, día de “entrada” en la representación de España ante la Unión Europea en Bruselas del documento, es decir, cuatro días después de que se emitiera un comunicado de prensa anunciando que “La Comisión ha enviado hoy a España...” Hay que destacar, por otro lado, que este dictamen no surge de la noche a la mañana. Tal y como se recoge en el mismo, Europa llamó la atención a España a partir de cartas y notas recabadas con fechas 9 de octubre de 2009 y mayo y julio de 2010, de tal forma que el 25 de noviembre de 2011 la Comisión remitió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que pidieron una prórroga para contestar, a lo que accedió la Comisión el 29 de febrero de este año. España finalmente remitió su respuesta el 2 de abril, a la que las autoridades europeas han respondido con el ya consabido dictamen motivado. Los artículos claves de la legislación portuaria que la Comisión Europea cuestiona A continuación recogemos los artículos del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que la CE cuestiona y/o utiliza en su dictamen para apoyar su argumentación. Art. 142.1: “En los puertos de interés general podrá constituirse (...) una sociedad anónima mercantil privada que tendrá por objeto social la gestión de la puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores, por ella contratados, que dichos accionistas demanden para el desarrollo de las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio de su plantilla (...)” Art. 143.1: “Todas las empresas que deseen prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías y obtengan la correspondiente licencia deberán, en su caso, integrarse como partícipes en el capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (...)” Art. 143.5: “En ningún caso (...) podrá separarse de la Sociedad ningún titular de una licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, salvo las exenciones previstas (...) Art. 150.1: “Los titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías pertenecientes a la SAGEP que deseen contratar trabajadores en régimen laboral común para (...) el servicio (...) de manipulación de mercancías deberán realizarlo prioritariamente a través de ofertas nominativas o innominadas a los trabajadores de la SAGEP (...)” Art. 151.1: “La contratación de trabajadores por la SAGEP en régimen laboral especial se acordará por su órgano de gobierno de acuerdo con sus estatutos (...)”. Art. 153.1: “Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán ser realizadas por trabajadores que cuenten con alguna de las titulaciones de grado medio o superior que se determinen por orden del Ministerio de Fomento (...)”. Art. 153.2: “Puertos del Estado aprobará (...) la regulación del contenido mínimo de las pruebas de aptitud psicofísica que deberán superar quienes deseen prestar sus servicios en el desarrollo de las actividades (...) de manipulación de mercancías”. Art. 130.5: “Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán ser realizadas por trabajadores que cuenten con la cualificación exigida en esta Ley”. Disposición Adicional Octava 1 y 2 (resumen): En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 33/2010 de 5 de agosto, las APIE y las Sociedades Estatales de Estiba “deberán acordar necesariamente” su “transformación”/ “adaptación” en una Sociedad Anónima de Gestión de los Estibadores Portuarios (SAGEP).

Puertos del Estado se reúne con sindicatos y patronal de la estiba para analizar el dictámen de la CE contra las Sageps

Tras las reacciones sindicales en contra que ha provocado el dictamen que la Comisión Europea ha enviado al Gobierno español cuentionando el modelo de estiba a través de las Sageps, donde incluso se amenaza con llevar la cuestión al Tribunal Europeo de Justicia, Puertos del Estado ha decidido reunirse con todos los actores implicados para analizar la cuestión. Así, el próximo martes 9, José Llorca recibirá a los responsables portuarios de UGT, con José Antonio Olaizola al frente de la delegación sindical, para exponer sus puntos de vista. Al día siguiente, el miércoles 10, está previsto que el presidente del organismo público reciba a los representantes de los otros dos sindicatos con representación en la estiba, Coordinadora y CC.OO., y a la patronal de empresas estibadores, Anesco. En todo caso, las reunies serán por separado con el objetivo de que todas las partes puedan exponer sus observaciones. El motivo de que Puertos del Estado reciba antes a UGT es debido a que la sección de puertos del sindicato tiene previsto celebrar el día 10 una conferencia con sus delegados en todos los puertos de interés general para discutir este asunto y otros que preocupan mucho al sector, como es el convenio de Autoridades Portuarios o el convenio marco de la estiba, que lleva paralizado bastante tiempo sin avances claros. Además, en esta conferencia se expondrá la opinión de Puertos del Estado al respecto del dictamen. Todos en contra del dictamen El dicamen motivado que la Comisión remitió al Gobierno la pasada semana cuestionando el modelo de estiba portuaria y poniendo en duda la legalidad de las SAGEPs que recoge la Ley de Puertos 33/2010 ha caído como un “jarro de agua fría” entre los sindicatos estibadores españoles. Según aseguró el portavoz del sector portuario de CC.OO., Ernesto Gómez, es una “prueba palpable de que la Comisión no tiene fuerza para imponer un modelo portuario en Europa pero tiene las malas intenciones de fastidiar un trabajo que se hace en las mejores condiciones de calidad, servicio y rentabilidad“. Mientras, José Antonio Olaizola, responsable de puertos de UGT, considera que la única intención de la Comisión “no es siquiera liberalizar el sector portuario, que lo está desde hace mucho tiempo, sino desregularizar para que las navieras puedan cargar y descargar sus barcos con personal propio o a través de ETTs y empobrecer así las condiciones laborales”. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EUROPEA DICTAMEN DIRIGIDO AL REINO DE ESPAÑA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 258 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA POR LA INCOMPATIBILIDAD DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESTIBADOR, CON LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. Leer el dictamen

DICTAMEN COMISION EUROPEA POR LA CONTRATACION DE ESTIBADORES EN ESPAÑA

Ya tenemos disponible para todos los afiliados el famoso DICTAMEN DE LA COMISION EUROPEA POR LA CONTRATACION DE ESTIBADORES EN ESPAÑA. 

Consta de 12 páginas de las cuales el Kallas ese se podía haber ahorrado al menos 10. Joder que tio más retorcido. La argumentación no es lo suyo y la lectura del documento evidencia su profundo desconocimiento sobre algunos aspectos de la aplicación de la Ley de Puertos, en definitiva de nuestra realidad. Este es el peligro.  Este sabe mucho, pero en este caso y aunque en principio  parezca que toca de oido, lo hace con muy mala baba y  este tipo de individuos con más prejuicios que conocimientos (cuadriculados) es muy dificil que rectifiquen. Por otro lado, el compañero Llorca parece dispuesto a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar ir más allá de lo que la propia Comisión Europea pueda pretender.

Para finalizar os dejamos la lectura del artículo elaborado por nuestros compañeros de UGTestiba VIGO, antes de  conocerse el contenido  del dictamen:

...o por las malas

Escrito por Estibadores de Vigo - UGT

Miércoles, 03 de Octubre de 2012 06:09

Europa no perdona. Nos hemos creído nuestras hazañas, nuestras estabilidades e, incluso, ellos mismos siguen creyéndose la monserga de las consultas, pero mientras nos hacemos ilusiones con que hemos resuelto el problema, los dogmáticos de lo comunitario se sientan tranquilamente a la puerta de la Comisión Europea sabedores de que, antes o después, pasará con los pies por delante el cadáver del enemigo. El jueves, la Comisión emitió un impoluto comunicado para anunciar el envío a España de un dictamen motivado que exige que se desmonten en los puertos españoles las SAGEP, por ir en contra de la libertad de establecimiento empresarial. A la espera de conocer el contenido exacto del dictamen, creo que no es momento de valorar si hay que cargarse las SAGEP. Antes es bueno que reflexionemos sobre el de dónde venimos para entender por qué “de repente” nos quieren desmontar el sistema. ¿Alguien se acuerda de la liberalización de los servicios portuarios? ¿Alguien llegó a creer por un momento que se ganó la guerra? ¿Alguien piensa que en la Comisión se rindieron? Nada más lejos de la realidad. Qué tiempos, verdad, aquellos de principios de siglo, con Loyola de Palacio al frente de la política europea de transportes, con aquella primera famosa directiva de liberalización de los servicios portuarios que España abrazó hasta el punto de simultanear su tramitación con la postrera Ley 48/2003. Ésta salió adelante, la directiva no, tras una célebre votación en “tercera” lectura en el Europarlamento donde los diputados decidieron dejarse de conciliaciones y cortar por lo sano. Aquel rechazo fue histórico en la Eurocámara por lo inusual de un desenlace de este tipo. El cliché que quedó de aquel proceso es que los puertos del norte no quisieron renunciar a su falta de transparencia en los modelos de gestión. Puede ser... Pero Loyola no se rindió y dos semanas antes de su relevo presentó una nueva propuesta de directiva liberalizadora. De aquel proceso lo que ha pasado a la posteridad son las manifestaciones de los estibadores de 2006 en Bruselas, la rotura de cristales en la Eurocámara y los gritos de los eurodiputados acusándose de votar pensando en el miedo por la revuelta de la calle, en vez de por el contenido del proyecto. Por cierto, de nuevo se hizo historia. En primera lectura y sin tiempo para nada, el Parlamento Europeo mandó la directiva a la basura. Amigo, y nos creímos que aquí había terminado todo. Luego la Comisión se dio cuenta que lo de tropezar en la misma piedra era suficiente con dos veces y, eso sí, optó por seguir, pero siempre “por la buenas”. Sabedores de que la liberalización está en la esencia del tratado de la Unión y que es imposible su renuncia (basta con exigirlo y los Tribunales sentenciarán a favor), optaron por el invento de las consultas, esa monserga bienintencionada (creo que la de la semana pasada es ya la tercera) para saber qué pide el pueblo, o sea, lo mismo de siempre y cada uno una cosa. Vete y contenta a todos... Es decir, tiempo perdido, tiempo consumido... Y de repente, un jueves de septiembre de 2012 alguien en la Comisión se harta, tira la piedra y nos enseña la mano que dice que o liberalizamos la estiba o nos mandan a los Tribunales, es decir, que no quisimos por las buenas y ahora habremos de entrar por el aro por la malas. ¿Por qué? Porque Europa dice que hay que liberalizar, lo dice el tratado de la Unión, su constitución, y las constituciones, ya saben, están para cumplirlas. ¿Que si estoy a favor de las SAGEP? Vayamos reflexionando mejor sobre qué nuevo modelo inventamos no sea que...

Llorca: “Debemos dar una respuesta común al requerimiento de la CE”

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en declaraciones a esta publicación, insta a empresarios y sindicatos del sector de la estiba a lograr “la misma voz” para responder al dictamen de la Comisión Europea Los sindicatos de la estiba temen que este requerimiento sea un primer paso para implantar en España medidas como las implantadas en Portugal, y que permiten a los operadores contratar personal externo   Fuente: Veintepies.com El dictamen de la Comisión Europea acerca de las SAGEP en España emitido el pasado jueves ha pillado con el pie cambiado al sector de la estiba en España. Si bien todos los implicados se han apresurado a pedir paciencia para analizar más en profundidad el requerimiento del organismo europeo, lo que no se puede negar es que durante los próximos dos meses Puertos del Estado, empresarios y sindicatos van a tener que trabajar para aunar dos posturas que parecen lejanas. Por un lado, seguir la legislación europea; por otro, mantener una Ley de Puertos prácticamente nueva. El primero en mover ficha ha sido el presidente de Puertos del Estado. José Llorca, en declaraciones a esta publicación, mostraba prudencia a la hora de pronunciarse. “Aún no conocemos el requerimiento exacto y preferiría no valorar su contenido hasta que no lo conozca. Lo que sí puedo adelantar es que ya hemos iniciado contactos con el sector para empezar a trabajar en la respuesta que debemos dar. Vamos a hablar con empresas y sindicatos para valorar de forma conjunta lo que representa este dictamen”. El presidente de OPPE reconoció que hubo contactos con empresarios y sindicatos en la inuaguración de la nueva terminal del puerto de Barcelona, y concretó que “en los próximos días vamos a sentarnos todos para lograr tener una misma voz” de cara a la Comisión Europea. Preguntado por si sería necesario cambiar la actual legislación, pactada por los dos principales partidos políticos del Estado Español y consensudada con empresarios y sindicatos de la estiba, Llorca no quiso adelantar acontecimientos. Sí reconoció que “tenemos que seguir la legislación europea” y que queda claro que la política europeo en este tema es que “no gustan los ‘pools’ únicos”. En lo que sí incidió José Llorca es que “debemos contar con el consenso y refrendo de empresarios y sindicatos, ya que son ellos los que sustentan los pools en estos momentos”, y recordó que la eficiencia y la competitividad del sistema portuario español “dependen del sector privado”. La intención de empresas y sindicatos también es la de mantener la misma postura frente a Europa. Varias fuentes del sector consultadas por esta publicación coinciden en señalar que cambiar una ley que ha contado con el consenso de los dos principales partidos políticos del país, y que han refrendado empresarios y sindicatos tras un largo y duro período de negociación, “sería un error”. Estas mismas fuentes recuerdan que el sistema de ‘pools’ con el que cuenta España es muy similar a los que hay en la mayoría de los países europeos, con lo que no se entiende ese requerimiento únicamente para España. Todas las fuentes consultadas alaban la estabilidad del marco legal portuario español de la actualidad, y muestran su confianza en que no haya que cambiar la actual ley “si contamos con una postura unitaria”. Estas mismas fuentes recuerdan que en el sistema portuario español no hay monopolios. “Todo aquel que quiere prestar servicio de estiba en un puerto español necesita de la licencia y permiso de la Autoridad Portuaria, hay cientos de empresas que prestan servicios de estiba, incluso hay inversores y grupos extranjeros, con lo que el argumento de la Comisión Europea no tiene validez”. El coordinador general de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, se mostró algo perplejo por el dictamen. “No tiene mucho sentido cuando en toda Europa hay implantado un modelo muy parecido al español, y más cuando hace unos días estuvimos en Bruselas apostando por el diálogo social y no recibimos ninguna señal al respecto”. En parecidos térmicos se pronunciaba José Antonio Olaizola, responsable del sector de estiba de UGT: “En España no se comete ninguna ilegalidad, nuestro sistema portuario es bueno y competitivo, funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Habría que cambiar entonces la mayoría de los sistemas portuarios de Europa”. Lo que sí temen los sindicatos es que el requerimiento de la Comisión Europea sea un primer paso para sustituir a los estibadores por otros trabajadores, algo a lo que se oponen frontalmente. “Eso es una barbaridad, es lo que están implantando en los puertos portugueses”, afirman fuentes sindicales.

OPPE convocará a los agentes sectoriales para analizar la posición de la CE sobre las SAGEP

El Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) tiene previsto convocar a los representantes sectoriales para analizar la trascendencia de la postura adoptada por la Comisión Europea (CE) en torno al funcionamiento en España de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP).

Fuente: Diario del Puerto 

 

En declaraciones a este Diario, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, señaló en la tarde del jueves que su intención es analizar con los representantes empresariales y sindicales el contenido del dictamen motivado de la Comisión Europea sobre las SAGEP y valorar las posibles medidas a adoptar al respecto, en lo que es un asunto sobre el que la institución europea se interesó ya hace bastantes meses.
Tal y como informó este Diario en su última edición, la Comisión Europea ha enviado a España un dictamen motivado por obligar a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles a participar financieramente en el capital de las SAGEP, “impidiéndolas recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente”.

Barrera

Según la Comisión, “los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en España podrían no hacerlo a causa de la barrera que representa esta disposición en el mercado de estos servicios”.
Para la CE, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento se aplican plenamente a las actividades realizadas por las entidades responsables de la contratación de trabajadores portuarios. Así, la Unión Europea exige la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento.

Imponer

En este sentido, según la Comisión, si bien las SAGEP “suelen ofrecer una formación de calidad a los trabajadores y constituyen una herramienta eficaz para los empresarios, no deben utilizarse para impedir que determinadas personas o empresas cualificadas presten servicios de manutención de carga, o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan”.
Esta es la segunda etapa del procedimiento de infracción.
“En caso de que España no reaccione de manera satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión Europea podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, según informaron el jueves fuentes de la CE en un comunicado.

ANESCO, a la espera del análisis


Para la Asociación Nacional de Empresas Estibadores y Consignatarias de Buques (ANESCO), que representa a muchas de las empresas integradas en las SAGEP de los puertos españoles, si la Comisión Europea quiere modificar la legislación española y cambiar la metodología de trabajo de las sociedades de estiba, tendrá que hacerlo también en otros muchos países como Francia, Italia o Alemania, donde se funciona igual. Según señalaron a este Diario fuentes de la entidad, es el momento ahora de analizar con detenimiento el dictamen motivado de la Comisión y, a partir de ahí, con tiempo estudiar sus implicaciones y si hay que sentarse para cambiar la ley “buscaremos las fórmulas sin problemas”.