Moderada satisfacción ayer entre los componentes de la Comisión
Técnica que asistió en Bruselas a la reunión con la Comisión Europea en
torno al dictamen sobre la estiba. La delegación española trasladó a
los representantes europeos nuevos argumentos en defensa del régimen de
estiba establecido por la legislación portuaria, lo que permite abrir la
puerta para que España presente oficialmente nuevas alegaciones al
dictamen y/o solicite un aplazamiento de la fecha tope que fijó la CE
para que la legislación española sea adaptada a las exigencias europeas.
Miguel Jiménez
Durante la reunión, a la que además de Dimitri Theologitis, jefe de
la Unidad de Puertos de la DG-TREN, asistieron representantes de los
servicios jurídicos de la Comisión Europea, los integrantes de la
Comisión Técnica española detallaron, según fuentes de ANESCO presentes
en la misma, el funcionamiento de la estiba en España dando a conocer
“nuevos aspectos y realidades que la Comisión desconocía”, declararon a
este Diario dichas fuentes.
En esta línea, según declaró a este Diario Víctor Díaz, asesor jurídico del sindicato Coordinadora, durante la reunión la delegación española hizo una “defensa del modelo portuario español” y de cómo a su juicio este “no es contradictorio con el Tratado de la Unión”.
Además, las distintas partes, entre ellas Coordinadora, pusieron sobre la mesa nuevos argumentos de concepto y jurídicos “desconocidos” por la Comisión Europea y que en su momento no fueron trasladados por España durante el proceso de tramitación previo a la emisión del dictamen.
Según fuentes consultadas por este Diario presentes en la reunión, los representantes de la Comisión Europea se mostraron interesados por estos nuevos argumentos y mostraron su predisposición a analizarlos y tenerlos en cuenta a la hora de volver a analizar el dictamen y su objeto.
Argumentos
Además de un informe jurídico presentado por el sindicato Coordinadora y de los detalles sobre el funcionamiento del régimen de estiba en España, se pusieron sobre la mesa argumentos como el importante número de terminalistas portuarios instalados en España en los últimos años sin que les hubiere afectado la argumentada restricción a la libertad de establecimiento empresarial, o el hecho de que España no es el único país de la Unión Europea con un régimen de estiba de las características criticadas, reconociendo los representantes de la Comisión que Bélgica y Alemania están en una situación similar, según fuentes consultadas.
Dicho todo esto y tras la reunión de ayer se abren dos líneas de actuación. Por un lado, ante los argumentos planteados en la reunión por la Comisión Técnica y la predisposición a su análisis por parte de la Comisión Europea, se abre la posibilidad de que España presente nuevas alegaciones y oficialmente como país se dirija a la Comisión Europea y comunique formalmente sus nuevos argumentos, condición sine qua non para ser tenidos en cuenta en el proceso del dictamen.
Por otro lado, de acuerdo con el planteamiento realizado ayer en la reunión por el representante de la Administración, existe la opción añadida de solicitar un aplazamiento del ultimátum fijado en el dictamen motivado.
1 de diciembre
En principio, el Reino de España tiene hasta el próximo 1 de diciembre para, de acuerdo con el dictamen motivado de 27 de septiembre de la Comisión Europea, poner solución en la legislación portuaria española a la vulneración del principio de libre establecimiento empresarial que, a juicio de la Comisión se produce por estar obligadas las empresas estibadoras a formar parte de las SAGEP y a contratar el personal estibador de las mismas.
Los representantes de la Comisión Europea también se mostraron ayer receptivos a dar su visto bueno en caso de que España solicite oficialmente dicho aplazamiento.
De esta forma, las entidades integradas en la Comisión Técnica (OPPE, ANESCO, UGT, CC.OO. y Coordinadora) quedan ahora emplazadas a analizar los pasos a dar, tanto en lo relativo a la solicitud del aplazamiento como en lo referente a la presentación de nuevas alegaciones, una cuestión en torno a la cual el sindicato Coordinadora ha reclamado conciliación y consenso.
¿Se hizo todo lo posible?
De acuerdo con las fuentes consultadas presentes ayer en Bruselas y a tenor de las reacciones de los representantes de la Comisión Europea, toma cuerpo la pregunta de si el Gobierno de España hizo en su momento todo lo posible por evitar el dictamen motivado sobre la estiba, es decir, si en el proceso de alegaciones abierto en su día Puertos del Estado fue todo lo escrupuloso que tenía que haber sido a la hora de ofrecer a la CE todos los argumentos necesarios para que se hiciera una idea del régimen de estiba español que fuera completa y fiel reflejo del mismo, y no parcial, como, a tenor de dichas fuentes, parece que habría podido ser el caso.
En esta línea, según declaró a este Diario Víctor Díaz, asesor jurídico del sindicato Coordinadora, durante la reunión la delegación española hizo una “defensa del modelo portuario español” y de cómo a su juicio este “no es contradictorio con el Tratado de la Unión”.
Además, las distintas partes, entre ellas Coordinadora, pusieron sobre la mesa nuevos argumentos de concepto y jurídicos “desconocidos” por la Comisión Europea y que en su momento no fueron trasladados por España durante el proceso de tramitación previo a la emisión del dictamen.
Según fuentes consultadas por este Diario presentes en la reunión, los representantes de la Comisión Europea se mostraron interesados por estos nuevos argumentos y mostraron su predisposición a analizarlos y tenerlos en cuenta a la hora de volver a analizar el dictamen y su objeto.
Argumentos
Además de un informe jurídico presentado por el sindicato Coordinadora y de los detalles sobre el funcionamiento del régimen de estiba en España, se pusieron sobre la mesa argumentos como el importante número de terminalistas portuarios instalados en España en los últimos años sin que les hubiere afectado la argumentada restricción a la libertad de establecimiento empresarial, o el hecho de que España no es el único país de la Unión Europea con un régimen de estiba de las características criticadas, reconociendo los representantes de la Comisión que Bélgica y Alemania están en una situación similar, según fuentes consultadas.
Dicho todo esto y tras la reunión de ayer se abren dos líneas de actuación. Por un lado, ante los argumentos planteados en la reunión por la Comisión Técnica y la predisposición a su análisis por parte de la Comisión Europea, se abre la posibilidad de que España presente nuevas alegaciones y oficialmente como país se dirija a la Comisión Europea y comunique formalmente sus nuevos argumentos, condición sine qua non para ser tenidos en cuenta en el proceso del dictamen.
Por otro lado, de acuerdo con el planteamiento realizado ayer en la reunión por el representante de la Administración, existe la opción añadida de solicitar un aplazamiento del ultimátum fijado en el dictamen motivado.
1 de diciembre
En principio, el Reino de España tiene hasta el próximo 1 de diciembre para, de acuerdo con el dictamen motivado de 27 de septiembre de la Comisión Europea, poner solución en la legislación portuaria española a la vulneración del principio de libre establecimiento empresarial que, a juicio de la Comisión se produce por estar obligadas las empresas estibadoras a formar parte de las SAGEP y a contratar el personal estibador de las mismas.
Los representantes de la Comisión Europea también se mostraron ayer receptivos a dar su visto bueno en caso de que España solicite oficialmente dicho aplazamiento.
De esta forma, las entidades integradas en la Comisión Técnica (OPPE, ANESCO, UGT, CC.OO. y Coordinadora) quedan ahora emplazadas a analizar los pasos a dar, tanto en lo relativo a la solicitud del aplazamiento como en lo referente a la presentación de nuevas alegaciones, una cuestión en torno a la cual el sindicato Coordinadora ha reclamado conciliación y consenso.
¿Se hizo todo lo posible?
De acuerdo con las fuentes consultadas presentes ayer en Bruselas y a tenor de las reacciones de los representantes de la Comisión Europea, toma cuerpo la pregunta de si el Gobierno de España hizo en su momento todo lo posible por evitar el dictamen motivado sobre la estiba, es decir, si en el proceso de alegaciones abierto en su día Puertos del Estado fue todo lo escrupuloso que tenía que haber sido a la hora de ofrecer a la CE todos los argumentos necesarios para que se hiciera una idea del régimen de estiba español que fuera completa y fiel reflejo del mismo, y no parcial, como, a tenor de dichas fuentes, parece que habría podido ser el caso.