Cincuenta años de concesión, pero para quién.
Anesco se remueve por este tema.
Anesco se remueve por este tema.
La
promesa hace un año de la ministra de fomento de ampliar las
concesiones portuarias a 50 años trajo la alegría inmediata de los
concesionarios. A los pocos meses, se empezó a enfriar la situación dado
que Hacienda y la dirección general de patrimonio empezaron a mostrar
su discrepancia con la medida, y no solo ellos cualquier jurista sabe
que legislar sobre situaciones retroactivas es delicado y puede llevar a costosas impugnaciones e indemnizaciones.
Pronto se le evidenció a los juristas tanto de Puertos del Estado como de Hacienda, que
otorgar un beneficio concesional que no había sido incluido en los
pliegos de concesiones podría llevar a una fácil impugnación por parte
de cualquiera que se hubiese presentado al pliego incluso de los que no
se hubiesen presentado, pero pudiesen demostrar un interés cierto en los
concursos; alegando que ese era un beneficio concesional, el de los 50 años, que no conocían de antemano, altero su voluntad de concursar.
Está claro que para concesiones recientes, como por ejemplo la de Hutchison, en el puerto de Barcelona esto podría serle de aplicación, serio escollo porque no había ningún problema para otorgar esa extensión de 35 a 50 años a las concesiones nuevas.
Está claro que para concesiones recientes, como por ejemplo la de Hutchison, en el puerto de Barcelona esto podría serle de aplicación, serio escollo porque no había ningún problema para otorgar esa extensión de 35 a 50 años a las concesiones nuevas.
Puertos, desde
antes de navidad a esta parte ha estado intentando ofrecer una solución
que fuese aceptable desde el punto de vista de equidad para Hacienda y
el resto de concesionarios, otra cosa es que lo fuera desde el punto de
vista jurídico. Esta solución técnica pasaría por exigir una
serie de inversiones a aquellos que quisieran ampliar la concesión como
se hace en aquellas concesiones que tienen establecidas prórrogas o
posibilidad de prórrogas y se sujetan a la ampliación de inversiones.
Después, Puertos del Estado ha sugerido otra fórmula más,
ya que esa de las inversiones también es compleja y sujeta a
incertidumbre jurídica, además de inviable para algunos concesionarios
que no necesitan hacer mas inversiones o que no pueden. Ha propuesto
esas ampliaciones de 15 años de 35 a 50 para las ya existentes siempre que los concesionarios se obligasen a unas tarifas máximas de sus servicios.
Las dos alternativas sería utilizadas, el día 4 hay reunión de Anesco la patronal con el presidente de Puertos del Estado.
Las dos alternativas sería utilizadas, el día 4 hay reunión de Anesco la patronal con el presidente de Puertos del Estado.
Esto último estaba orientado a las terminales, sobre todo de contenedores, para que no utilizasen
directamente la ampliación del periodo concesional para cubrir sus
cuentas de resultados sin atender a intentar presionar hacia abajo el
precio del paso del contenedor. En otras palabras, si no ayudaban
a Puertos del Estado en su intención de presionar a la estiba y al
coste de la estiba hacia abajo, no habría prórrogas. Este era el punto más avanzado.
Sin embargo, ha nacido la discrepancia entre concesionarios por estas medidas que está poniendo en marcha Puertos del Estado ya que creen que puede beneficiar concretamente a algunas concesiones y no a otras.
Sin embargo, ha nacido la discrepancia entre concesionarios por estas medidas que está poniendo en marcha Puertos del Estado ya que creen que puede beneficiar concretamente a algunas concesiones y no a otras.
Esto es lo que está llevando a la separación de algunos miembros de ANESCO que querrían plantear de forma diferente sus intereses, de ahí que hayan formado una asociación de la que ya se habló a la que quieren ahora dar vida. Se abre por tanto una diferencia entre terminalistas que no está clara cómo va a definirse.
Asunto delicado para Llorca por que esto tiene que trasladarse a una modificación de la Ley de Puertos que sería mirada con lupa por Hacienda pero como se ve por todas las partes implicadas.
