La
transferencia de la gestión de los puertos de Bilbao y Pasaia, y su
fusión en una única autoridad portuaria figuraba en el programa
electoral del PNV del 21-O.
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó el pasado martes una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) que pedía la transferencia de la gestión de los puertos de interés general de Bilbao y Pasaia a la Comunidad Autónoma Vasca, y planteaba la fusión de ambas autoridades portuarias en un único ente. La propuesta contó con 41 votos a favor (PNV, CIU, BNG y Amaiur), una abstención y los 276 votos en contra del resto de grupos.
Sánchez Robles señaló que la actual regulación no es criticable en sí misma, ya que permite teóricamente a las APs competir entre sí mejorando el servicio, “pero en la actual situación de las infraestructuras del transporte de mercancías de Euskadi el modelo general diseñado por el Estado impide en la práctica explotar las sinergias existentes entre ambas instalaciones, racionalizando los flujos y, por tanto, trabajar en términos de eficiencia”.
La parlamentaria dijo que el actual modelo dificulta la coordinación en la generación de nuevas infraestructuras y mejora de las existentes; limita la mejora de los ratios de rentabilidad y en el caso de los puertos de Bilbao y Pasaia, “impide la diversificación de los tráficos de mercancías en la búsqueda de un producto final más competitivo”. Por ello, propuso que la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao sea totalmente descentralizada y encomendada al Gobierno Vasco en una única autoridad portuaria”.
Unidad económica
El Grupo Popular, a través del parlamentario guipuzcoano José Eugenio Azpiroz, defendió una enmienda de sustitución a la iniciativa del PNV argumentando razones legales ya que recordó que el artículo 149.1 de la Constitución establece las competencias exclusivas del Estado y en su apartado 20ª las de los puertos de interés general.
Asimismo, Azpiroz expuso razones de coordinación territorial e interés general ya que la transferencia “podría colisionar con valores que el Estado debe garantizar en todo el territorio español como la unidad económica o la solidaridad y la igualdad interterritorial. Y en tercer lugar, por razones económicas, ya que el mercado, nacional como internacional, “requiere un servicio de transporte nacional en el que los puertos trabajen en red en un sistema integrado”.
Ley de puertos
Por su parte, el Grupo Catalán de CIU, a través de Jordi Xuclá, defendió el voto favorable a la iniciativa del Grupo Vasco. Xuclá afirmó que el ente Puertos del Estado “dejó de tener sentido y eficacia” en 1996, cuando el Gobierno del PP aprobó y acordó que fueran las CC.AA. autónomas las que tuvieran la capacidad de proponer el nombramiento de los presidentes de los puertos. Xuclá dijo que la iniciativa del PNV queda “absolutamente enmarcada” dentro del texto refundido de la Ley de Puertos de 2011, y “encaja perfectamente” con la previsión de este texto refundido en su artículo 24.4 cuando prevé la posibilidad de que dos o más puertos integren la autoridad portuaria, integren sus funciones y sus capacidades; con lo cual esta es una iniciativa que apela a la legalidad estricta y a una ley de cumplimento”.
Rafael Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, aseguró que la fundamentación de esta iniciativa “es más ideológica que práctica, más política que económica, pese a su exposición de motivos”. “Si de lo que se trata es de asegurar la contribución eficiente de los puertos de interés general del Estado a la dinamización de la economía en el País Vasco y en el conjunto de España, el Grupo Socialista considera que lo más inteligente es mantener el modelo vigente en la Ley de Puertos del año 2010 que esta Cámara aprobó con una amplísima mayoría”, apuntó Simancas.
Fuente: Diario del Puerto
