En declaraciones a Europa Press, Simancas destacó que se ha logrado el objetivo de garantizar el mayor consenso sobre la legislación portuaria y dotar de la necesaria estabilidad jurídica al sector, ya que por primera vez la ley cuenta con el respaldo unánime de los dos partidos mayoritarios, que responden de esta forma a las demandas de patronal y sindicatos.
En virtud del acuerdo, los coeficientes correctores aplicados a las tarifas estarán basado en indicadores financieros asociados a la eficiencia de gestión y rentabilidad de cada puerto con el objeto de que quede garantizada la autosuficiencia económica, la leal competencia entre puertos y el menor coste para el usuario.
Asimismo, se pondrá "especial énfasis" en establecer un régimen especial de coeficientes reductores para potenciar la intermodalidad, y tomar en consideración la situación ultraperiférica de Canarias, la situación especial de Baleares, Ceuta y Melilla y la de los puertos sometidos a la competencia extracomunitaria y, particularmente, para las mercancías en tránsito.
Con respecto a la estiba, el modelo de gestión será único a través de sociedades mercantiles privadas, con capacidad de supervisión por parte de las Autoridades Portuarias para evitar distorsiones en su funcionamiento que afecten a la leal competencia entre los prestadores del servicio.
CONTRA LOS NACIONALISTAS CATALANES.
También se modificará el proyecto en lo relativo a la prestación de servicios portuarios manteniendo un sistema de libre acceso, pero "reglado" con los mecanismos de control precisos "para evitar situaciones de posición dominante".
Simancas aseveró que con el espaldarazo de los dos grupos mayoritarios de la Cámara Baja a la nueva ley, se cumple la primera de las reformas estructurales que el Gobierno socialista plantea para la economía española, como reiteró el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate sobre el estado de la nación de este año.
Además, PSOE y PP sumarán fuerzas la próxima semana para 'tumbar' en el Pleno de la Cámara las enmiendas de totalidad presentadas por CiU y ERC. Ambas formaciones hablan de la "grave invasión" de competencias que ven en la reforma, al "cerrar definitivamente" cualquier posibilidad a una mayor integración de las infraestructuras portuarias y sus autoridades en el régimen jurídico autonómico.
(fuente: europapress)
