Puertos del Estado confirma que no está en la agenda reestructurar el sistema portuario español, y recuerda que las Autoridades Portuarias son entes con personalidad jurídica propia
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Puertos del Estado no contempla ni la fusión de Autoridades Portuarias ni la desaparición de algunas de ellas. Así lo confirmaron varias fuentes de OPPE consultadas por esta publicación, que mostraron cierto malestar con las declaraciones que recientemente un medio de comunicación atribuía al presidente del organismo, Fernando González Laxe.
Estas mismas fuentes afirmaron que si bien “fue una reflexión que se hizo en el contexto de una entrevista, en ningún momento se habló ni de fusión ni desaparición” de algunas de las 28 Autoridades Portuarias que en estos momentos existen en este país. “De lo que sí se habló es de que los puertos deberían aprovechar las sinergias con enclaves vecinos, con el objetivo de formar alianzas puntuales que pudieran beneficiar a todos los agentes implicados”. Este es el argumento que desde siempre ha puesto encima de la mesa González Laxe cuando se le ha planteado de la posibilidad del sobredimensionamiento del sistema portuario español.
Y es que las dificultades y la magnitud de llevar a cabo la fusión o desaparición de Autoridades Portuarias en España hace casi impensable llevarlo a cabo.
La actual Ley de Puertos no habla en ningún momento de esta situación, tan solo confiere a OPPE la facultad de control en algunos capítulos económicos (como el visto bueno a los Planes de Empresa de las AAPP) o en el visto bueno a grandes infraestructuras. Varias fuentes consultadas apuntan que un proceso de este tipo requeriría la participación directa del Parlamento a través de una ley concreta.
A esto habría que sumar que las Autoridades Portuarias son organismos con personalidad jurídica propia, con lo que deberían ser ellas mismas las que decidiesen si desaparecen o no. Y es en este punto donde entra en juego el factor político. A pesar de que son puertos de interés general, son los propios Gobiernos de las Comunidades Autónomas los que eligen a los gestores de las Autoridades Portuarias y, por tanto, los que deciden la forma de gestión.
Influencia y competencia
Las fuentes consultadas apuntan, además, que otro argumento de peso sería el de afirmar que cada puerto tiene su zona de influencia y sus tráficos especializados. “Hay enclaves no muy grandes que se han especializado en tráficos muy concretos. En ese sentido, las navieras ya tienen hechas sus previsiones, y modificar todo esto podría tener como consecuencia que éstas pensaran en irse a otros puertos del entorno”.
Además, el propio organismo portuario caería en una incongruencia al eliminar Autoridades Portuarias. Estas mismas fuentes afirman que si la actual Ley contempla la autosuficiencia presupuestaria y una cierta libertad tarifaria “en aras de mejorar la competencia y la competitividad de y entre los puertos”, el mejor camino no es “decidir qué puertos valen y qué otros puertos no llegan a los mínimos establecidos”.
UN PROCESO DEMASIADO COMPLEJO
Las primeras reacciones a las declaraciones de Fernando González Laxe no se han hecho esperar. Dos de los sindicatos con mayor implantación en los puertos españoles (UGT y Coordinadora) se mostraron muy reacios en declaraciones a esta publicación.
José Antonio Olaizola, de UGT, quiso recordar que, en la actualidad, unos 60.000 empleos dependen de la actividad de los puertos, una cifra que se pondría en “peligro”, una situación que “no creo que el Gobierno esté dispuesto a asumir”. Asimismo, Olaizola manifestó su confianza en el actual sistema portuario y recordó que, en general dicho sistema es rentable y “autosuficiente”.
Por su parte, Antolín Goya, secretario general de Coordinadora, quiso aclarar que “en las últimas conversaciones que tuvimos con Laxe, se pronunció en contra de esta reforma. Se habló de alianzas puntuales, pero no de algo tan drástico”. Goya reconoce que pensar en la desaparición de Autoridades Portuarias “sería algo muy complicado de hacer” y mantiene que durante las negociaciones para sacar adelante la nueva Ley de Puertos “no se contempló este extremo”.
Fuente: Veintepies.com
Y es que las dificultades y la magnitud de llevar a cabo la fusión o desaparición de Autoridades Portuarias en España hace casi impensable llevarlo a cabo.
La actual Ley de Puertos no habla en ningún momento de esta situación, tan solo confiere a OPPE la facultad de control en algunos capítulos económicos (como el visto bueno a los Planes de Empresa de las AAPP) o en el visto bueno a grandes infraestructuras. Varias fuentes consultadas apuntan que un proceso de este tipo requeriría la participación directa del Parlamento a través de una ley concreta.
A esto habría que sumar que las Autoridades Portuarias son organismos con personalidad jurídica propia, con lo que deberían ser ellas mismas las que decidiesen si desaparecen o no. Y es en este punto donde entra en juego el factor político. A pesar de que son puertos de interés general, son los propios Gobiernos de las Comunidades Autónomas los que eligen a los gestores de las Autoridades Portuarias y, por tanto, los que deciden la forma de gestión.
Influencia y competencia
Las fuentes consultadas apuntan, además, que otro argumento de peso sería el de afirmar que cada puerto tiene su zona de influencia y sus tráficos especializados. “Hay enclaves no muy grandes que se han especializado en tráficos muy concretos. En ese sentido, las navieras ya tienen hechas sus previsiones, y modificar todo esto podría tener como consecuencia que éstas pensaran en irse a otros puertos del entorno”.
Además, el propio organismo portuario caería en una incongruencia al eliminar Autoridades Portuarias. Estas mismas fuentes afirman que si la actual Ley contempla la autosuficiencia presupuestaria y una cierta libertad tarifaria “en aras de mejorar la competencia y la competitividad de y entre los puertos”, el mejor camino no es “decidir qué puertos valen y qué otros puertos no llegan a los mínimos establecidos”.
UN PROCESO DEMASIADO COMPLEJO
Las primeras reacciones a las declaraciones de Fernando González Laxe no se han hecho esperar. Dos de los sindicatos con mayor implantación en los puertos españoles (UGT y Coordinadora) se mostraron muy reacios en declaraciones a esta publicación.
José Antonio Olaizola, de UGT, quiso recordar que, en la actualidad, unos 60.000 empleos dependen de la actividad de los puertos, una cifra que se pondría en “peligro”, una situación que “no creo que el Gobierno esté dispuesto a asumir”. Asimismo, Olaizola manifestó su confianza en el actual sistema portuario y recordó que, en general dicho sistema es rentable y “autosuficiente”.
Por su parte, Antolín Goya, secretario general de Coordinadora, quiso aclarar que “en las últimas conversaciones que tuvimos con Laxe, se pronunció en contra de esta reforma. Se habló de alianzas puntuales, pero no de algo tan drástico”. Goya reconoce que pensar en la desaparición de Autoridades Portuarias “sería algo muy complicado de hacer” y mantiene que durante las negociaciones para sacar adelante la nueva Ley de Puertos “no se contempló este extremo”.
Fuente: Veintepies.com
