21 marzo, 2012

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS a la que pertence UGT




Madrid, 15 de marzo de 2012

El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó en la tarde de ayer la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que acompaña al presupuesto de la Generalitat con los votos favorables de CiU y Joan Laporta y la abstención del PPC. El resto de grupos votaron en contra.

Esta ley fija una tasa de 1 € por receta dispensada, con diversas exenciones en relación con el nivel de renta (perceptores de una pensión no contributiva y beneficiarios del Programa de la renta mínima de inserción), el precio del medicamento inferior a 1,67 euros y el número de recetas (a partir de la receta número 62, en el período de un año).

Desde la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos queremos señalar que:


1)      El establecimiento de "repagos" y/o "copagos", tasas o tickets moderadores sobre la prestación farmacéutica supera las competencias del parlamento de Cataluña, en tanto en cuanto se trata de una competencia exclusiva del Gobierno, tal y como lo establecen la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el RD 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Seguridad Social, en la medida en que se trata de una prestación farmacéutica de la Seguridad Social.

2)      Los "repagos" y/o "copagos" suponen una agresión sobre los grupos de población que tienen mayores necesidades de atención sanitaria (los más enfermos) y una peor situación económica (los más pobres), que en un momento de crisis como la actual verán muy dificultado su acceso a los tratamientos necesarios con un efecto muy negativo sobre su salud. Además, en este caso, se rompe el principio de equidad.

3)      Este acuerdo no hubiera sido posible sin el apoyo del PP catalán, lo que unido a las declaraciones de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato renunciando a pronunciarse sobre el tema, diciendo que no es competencia suya, evidencia que el Gobierno esta pensando en su futura implantacion generalizada en toda España.

La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos rechazamos esta medida y entendemos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Gobierno de España tienen que presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley y paralizar su ejecución porque invade competencias del Estado y pone en grave peligro a la salud de un sector muy importante de la población.