Se acabó. Ya hay por fin Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003. El Congreso de los Diputados debatió ayer por la tarde la enmienda al Proyecto de Ley aprobada en el Senado y se pone así punto y final a seis años de incertidumbre legislativa portuaria, que se llevaron por delante cargos y posicionamientos y en los que el definitivo acuerdo entre PSOE y PP ha sido vital.
Ayer, el Pleno del Congreso debatió la enmienda relativa a los consejos de administración de las autoridades portuarias introducida en el Senado, que estaba previsto que a última hora de la tarde recibiera en la votación el apoyo de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, pues así lo expusieron los portavoces en el debate.
De esta forma, el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General culmina su tramitación parlamentaria y desde ayer pasa directamente a la Jefatura de Estado para su sanción e inmediata publicación como Ley en el BOE.
La entrada en vigor de la Ley, tal y como se recoge en la disposición final séptima, se producirá en términos generales a los veinte días de la referida publicación.
Eso sí, en el caso concreto de los preceptos relativos a la modificación del título primero de la Ley 48/2003, relativo al régimen económico, no entrarán en vigor hasta 2011, coincidiendo con la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Culminó ayer así un largo periodo de seis años de trabajos para la reforma legislativa portuaria, que comenzaron en 2004 con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y la designación de Fernando Palao y Mariano Navas como secretario general de Transportes y presidente de Puertos del Estado, respectivamente.
Primera intenciónLa primera intención de ambos fue reformar de manera inmediata la Ley 48/2003, aprobada durante el último gobierno de José María Aznar, mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, José Luis Rodríguez Zapatero decidió suprimir este recurso legislativo y Fomento se vio obligado a emprender un proceso legislativo propio con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003.
Dicha propuesta fue llevada al Consejo de Ministros por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, el 24 de febrero de 2006, para ser remitida a continuación al Congreso.
Allí, el PSOE fue incapaz de ni siquiera cerrar el plazo de enmiendas, muriendo el Proyecto de Ley a la par que la legislatura, a comienzos de 2008. Ni los partidos nacionalistas, por sus exigencias autonomistas, ni el PP, por su oposición frontal a la labor del partido en el Gobierno, quisieron apoyar un proyecto que tampoco contaba con el respaldo del sector.
José Luis Rodríguez Zapatero fue reelegido como presidente en las elecciones generales de ese año y todo el equipo de Fomento, con Magdalena Álvarez a la cabeza, fue confirmado en el cargo.
Automáticamente, OPPE inició la tarea de elaborar un nuevo Proyecto de Ley, con un espíritu muy similar al anterior y que fue remitido al Congreso de los Diputados por el Consejo de Ministros el 27 de marzo de 2009. Hay que destacar que no se resolvían las discrepancias con el sector en torno al modelo de estiba y, además, surgía un nuevo foco de disensión con la supresión de las bonificaciones en las tasas a diversos tráficos, por lo que su acogida en el Congreso fue de nuevo fría.
Ahora bien, dos semanas después de su presentación, Zapatero nombró como nuevo ministro de Fomento a José Blanco, quien cesó a los responsables hasta ese momento de la política portuaria, lo que supuso el punto de inflexión para sacar la Ley adelante.
PactoCon Fernando González Laxe como nuevo presidente de Puertos del Estado, Fomento apostó por llegar a un pacto PSOE-PP que permitiera sacar adelante la ley sin importar cuánto hubiera que transformar de la misma. Así, el 8 de octubre de 2009 ambos grupos parlamentarios sellaron un acuerdo de principios y en diciembre convocaron a todo el sector para comparecer en el Congreso y exponer su visión de la ley y sus necesidades.
El resultado fue la presentación de un paquete conjunto de más de 400 enmiendas parciales el pasado 4 de marzo que constituyeron en la práctica un tercer proyecto de ley y que han sido el núcleo, tras intensas negociaciones con los agentes sectoriales, principalmente con los sindicatos, del texto legislativo definitivo que ayer vio por fin la luz.
‹ del rosa al amarilloEl ejemplo más adecuado para evidenciar lo que han supuesto estos seis años de reforma legislativa lo encontramos en el modelo de estiba. El primer proyecto de ley de modificación proponía reinstaurar el modelo de las sociedades de estiba, con mayoría en el capital de las autoridades portuarias, y la supresión de las APIEs privadas, consagradas por la Ley 48/2003.
El segundo proyecto de ley de modificación apostaba por un modelo mixto, que permitía la coexistencia de APIEs y Sociedades, con fórmulas para la transformación de unas en otras y viceversa. Por último, la Ley aprobada ayer vuelve a los inicios y se reafirma en el modelo de APIEs de la Ley 48/2003, que finalmente llevarán ahora la denominación de SATEs.
Mujeres en la tribuna de oradoresEl último capítulo de la tramitación del Proyecto de Ley de Puertos tuvo ayer como protagonistas a dos diputadas, Gloria Rivero, del Partido Socialista, y Pilar Ramallo, del Partido Popular.
Ambas han trabajado duramente en los últimos meses para sacar adelante el proyecto legislativo a la sombra de Rafael Simancas, portavoz socialista en la Comisión de Fomento, y Andrés Ayala, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, respectivamente.
Por eso ayer tuvo una especial significación que, en vez de tomar la palabra en este último acto Simancas y Ayala, subieran a la tribuna de oradores las diputadas Rivero y Ramallo para defender la enmienda aprobada por unanimidad en el Senado y hacer una valoración de conjunto de la trascendencia del proyecto de ley.
La socialista Gloria Rivero insistió en el mensaje que expuso el ministro durante el debate de totalidad: “Gracias al amplio consenso alcanzado, esta ley no tendrá más apellidos que el del consenso y el del interés general”.
Por su parte, la popular Pilar Ramallo destacó que “el sentido de Estado se ha impuesto”, que el PP ha hecho “un esfuerzo de lealtad” y que la ley permite “puertos con mayor autonomía de gestión”.
Respondía así Ramallo a las duras críticas que sobre la ley se volvieron a escuchar en el hemiciclo en boca de diputados como Joan Herrera de IpC, para quien “esta ley es una pésima noticia: el modelo portuario va a ser peor”; o Pere Macías, portavoz de CiU, quien denunció que la ley representa un grave “recorte de competencias” que CiU se esforzará en “dar la vuelta”.
Fuente: Diario del Puerto
La Ley de Puertos más esperada
Ya no hay vuelta atrás ni más procesos negociadores, ni enmiendas ni nuevos proyectos, al menos de momento. El miércoles por la tarde, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba casi por unanimidad (348 votos a favor por uno en contra) la última de las enmiendas presentadas acerca de la Ley de Modificación de la Ley 48/2003, del 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general. Se cierra, por tanto, un largo proceso que se abría en la primera legislatura del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que desemboca, por fin, en la tan ansiada Ley de Puertos que resiste cambios de Gobierno, o esa es, al menos, la intención.
Desde la la aprobación y puesta en marcha de la Ley 48/2003 por parte del Partido Popular, el sistema portuario español ha vivido expectante y temeroso de que un cambio en la Moncloa volviera a desestabilizar el panorama normativo. La llegada del PSOE al Gobierno vuelve a abrir estos temores, y se presenta un primer proyecto de ley que, tal como llega al Congreso, se retira por la falta de apoyos.
Será en 2008 cuando se elabore un segundo proyecto de ley. En medio, el conflicto abierto por la firma del IV Acuerdo Marco, que provocará que Anesco y Coordinadora demanden el cumplimiento de la ley vigente y la transformación de las Sociedades de Estiba en APIEs. La respuesta desde OPPE, presidida entonces por Mariano Navas, será un doble modelo de estiba, una alternativa con la que nadie está contento.
Pero será la llegada de José Blanco al frente del Ministerio de Fomento la que dé al traste con todo lo escrito hasta entonces y plantee un nuevo modelo negociador. Esto se traduce en unas enmiendas que prácticamente suponen rehacer al completo la ley. Tanto PSOE y PP se afanan en buscar un acuerdo que desemboque en un texto duradero, y para ello mantienen contactos con el sector, llegando a reunir a más de una veintena de representantes en la Comisión de Fomento del 2 de diciembre.
Desde entonces, meses frenéticos por encontrar el beneplácito de todos, tanto en el sector portuario y logístico como en los demás grupos parlamentarios. La Comisión de Fomento aprobará el texto y lo remitirá al Pleno del Congreso, que a su vez lo enviará al Senado. Allí, una enmienda introducida por Coalición Canaria obligará a que el texto vuelva al Congreso. El miércoles 21 de julio de 2010 pasará a la Historia como la fecha en que el Congreso de los Diputados aprobó la nueva, y quien sabe si definitiva Ley de Puertos.
Un proceso lleno de vaivenes, que sólo es comprensible gracias a tres pilares básicos: el acuerdo entre PSOE y PP; el cambio al frente del Ministerio de Fomento y el pulso que lanzaron los sindicatos de la estiba de toda España.
ACUERDO PSOE-PP
El PP, gracias a la mayoría absoluta de su segunda legislatura, saca adelante la Ley 48/2003.
La respuesta del PSOE será interponer un recurso de inconstitucionalidad. A partir de 2004, con la llegada del PSOE al poder, se pone en marcha un nuevo proyecto que encuentra la oposición del PP, principalmente, lo que obliga a retirar el proyecto. En 2008, con la segunda victoria del PSOE, se elabora un segundo proyecto por parte del mismo equipo de Fomento y OPPE. Hasta aquí, tanto PSOE como PP no han encontrado puntos de encuentro.
Sin embargo, en octubre de 2009 ambas formaciones políticas sorprenderán con la noticia de un acuerdo que posibilitará una nueva Ley. Las bases de la reforma se sientan, aunque habrán de concretarse.
LLEGADA DE JOSÉ BLANCO AL MINISTERIO DE FOMENTO Y CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE OPPE
Meses antes de llegar al acuerdo, Rodríguez Zapatero decidirá hacer cambios en el Gobierno. Fomento no se libra de la crisis y José Blanco sustituirá a Magdalena Álvarez al frente del departamento. Esto provocará un cambio tanto en el segundo escalafón del Ministerio como en OPPE, que en mayo pasará a estar presidido por Fernando González Laxe. Aunque inicialmente Blanco anuncia que no cambiará mucho el proyecto, la verdad es que las propuestas de PSOE y PP van a suponer a un giro de 180 grados. Blanco deja fuera al tándem formado por Fernando Palao y Mariano Navas, y otorga a Laxe y su nuevo equipo la responsabilidad de elaborar un nuevo proyecto con la ayuda del PP. Serán las enmiendas que presenten ambos partidos los que abrirán la caja de los truenos de la estiba.
PULSO DE LOS SINDICATOS DE LA ESTIBA
Las enmiendas presentadas por PSOE y PP van a encender los ánimos de la estiba, sobre todo de Coordinadora, sindicato mayoritario. Un análisis no muy profundo del texto da a entender que algunas de las tareas que realizan los estibadores (tráfico rodado y short sea shipping, principalmente) pasarán a realizarlas otro personal. Se apuesta por un modelo totalmente privado y por unas condiciones a las empresas estibadoras en las que se tiene muy en cuenta los porcentajes de trabajadores en relación laboral común (estibadores propios de empresa).
La mecha se ha encendido. Coordinadora, UGT y CCOO convocan una huelga indefinida en todos los puertos. En un primer momento, PSOE y PP reculan y piden más tiempo. Los sindicatos congelan la huelga a la espera de nuevas noticias. Sin embargo, la nueva propuesta tampoco acaba de satisfacer a los convocantes, que retoman la amenaza de la huelga.
Finalmente, a última hora, PSOE y PP ceden (con las famosas transaccionales) y se desconvoca la huelga con una propuesta de sobra conocida por todos. Los ámbitos de la estiba quedan prácticamente como hasta ahora, y muchos lamentan la ocasión perdida para liberalizar de manera definitiva este servicio.
La nueva Ley de Puertos en España se ha aprobado y en breve se publicará en el BOE, aunque no será hasta el próximo año cuando comiencen a notarse sus efectos, sobre todo en lo relativo a las tasas. Con todo, será el tiempo el que diga que si es definitiva.
Fuente: Veintepies.com
